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Curso de derecho bancario y mercado de capitales
El Derecho Bancario y el Mercado de Capitales son áreas fundamentales del derecho económico que regulan las operaciones financieras y la intermediación en el sistema financiero. Este curso ofrece una inmersión profunda en los principios legales y prácticos que rigen las actividades bancarias y los mercados de capitales, proporcionando a los estudiantes una comprensión integral de estas disciplinas clave. En el mundo moderno, los bancos y los mercados de capitales desempeñan un papel crucial en la economía global, facilitando el flujo de capital, la inversión y el financiamiento de proyectos a gran escala. Por lo tanto, es imperativo comprender las normativas legales que gobiernan estas instituciones y transacciones para garantizar su estabilidad y funcionamiento eficiente. A lo largo de este curso, los participantes explorarán temas como la regulación bancaria, la supervisión financiera, la emisión de valores, las operaciones de mercado abierto, la negociación de instrumentos financieros y la resolución de disputas en el ámbito financiero. Se analizarán casos prácticos, jurisprudencia relevante y tendencias actuales en el panorama financiero global. Con un enfoque interdisciplinario que combina aspectos legales, económicos y financieros, este curso proporciona a los estudiantes las herramientas necesarias para comprender y abordar los desafíos y oportunidades en el ámbito del derecho bancario y el mercado de capitales. Además, fomenta el debate crítico sobre cuestiones éticas, regulatorias y de política pública que influyen en estas áreas vitales de la actividad económica.
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Curso de derecho bancario y mercado de capitales
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El derecho bancario es la rama del derecho cuyo objeto es el estudio de la actividad bancaria, entendida como: La realización habitual de intermediación en el crédito, que partiendo desde un criterio subjetivo se sigue necesariamente que cualquier persona que realice la actividad está comprendida en el sistema. Por el contrario, adoptando un criterio netamente subjetivo, solamente están incluidas en el sistema aquellas personas que fueren previamente admitidas por él.

Autonomía y caracteres

Entendemos que el derecho bancario es autónomo, ya que pertenece a una rama específica del derecho que es considerada en forma individual y es autárquica, tanto en su análisis científico-doctrinario como en las cátedras de las universidades.
Esta posición doctrinaria se ve reforzada con su inclusión en el articulado del Código Civil y Comercial de la Nación en forma sustancial, en referencia específica a los contratos bancarios, separada de los demás contratos, debido a sus particularidades, lo que se refleja también en la normativa que trata cada uno de los aspectos que comprenden esta materia. Aun cuando es cierto que la actividad bancaria, en esencia, es comercial, no es menos cierto que sus particularidades y su trascendencia dan vida a normas específicas teñidas de características singulares. Fundamentalmente, el interés público que existe en esta actividad lleva a una caracterización de la cual derivan principios particulares, tales como la prevalencia del interés general, la limitación en la autonomía de la voluntad, la obligatoriedad de ciertos comportamientos, entre otros. Estas características informan, en su gran mayoría, las normas que reglamentan esta actividad. Sin ir más lejos, la actividad bancaria está reglamentada, básicamente, por la Ley de Entidades Financieras 21526, la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina 24144 y las reglamentaciones que esta autoridad de aplicación emite. No obstante, dentro del contenido de la materia, estudiamos numerosas leyes que forman parte de otras ramas del derecho con las cuales el derecho bancario se encuentra íntimamente ligado, pero esto no opaca la autonomía que venimos propugnando, la cual sostenemos, inclusive, desde el punto de vista legislativo.
La autonomía didáctica tal vez sea la que menos diferencias genera, debido a que actualmente el derecho bancario es un objeto de estudio específico. Prueba de ello es que constituye una asignatura en las mayorías de las universidades del país y también del mundo.

Caracteres

Doble carácter de público y privado: Esta característica ha llevado a considerar al derecho bancario como bifronte y deriva de que posee normas de derecho público y de derecho privado. Los bancos, regularmente, se relacionan tanto con el Estado, que es quien los autoriza a operar y a la vez los supervisa, como con los particulares, que son con quienes naturalmente operan. Las normas que regulan sus relaciones con el Estado son de derecho público y las que determinan su vinculación con los particulares son de derecho privado.

La prevalencia del interés público sobre el privado: Esta característica es consecuencia del interés público que existe en la actividad bancaria, tan es así que hay autores que han llegado a considerarla un servicio público. De esta característica surge la existencia de numerosas normas imperativas a las cuales las partes no pueden sustraerse.

La masividad de sus operaciones: La actividad bancaria se caracteriza por la masividad de sus operaciones. Aun cuando esto no es absoluto, en líneas generales, el negocio bancario resulta del volumen y de la reiteración de las operaciones, lo que insufla ciertas particularidades en las normas que la regulan y, a su vez, en su interpretación.

La formalidad: Las formas para seguir con los bancos tienen origen, en parte, en las exigencias de la autoridad de aplicación, que, en aras de la seguridad y del interés público, impone permanentes recaudos en la contratación. Paralelamente, también en la celeridad y en la reiteración de los actos bancarios que conllevan a reglas uniformes, y es por ello por lo que la mayoría de los contratos son de adhesión a condiciones generales.

La profesionalidad: La habitualidad y especialidad de la actividad desarrollada por las entidades financieras lleva a que pueda considerársela profesional. Esta nota genera, desde el punto de vista jurídico, importantes consecuencias que no se perciben tanto en las mismas normas, sino, fundamentalmente, en su interpretación. Basta repasar cualquier repertorio de jurisprudencia para advertir cómo la profesionalidad constituye el norte en la valoración de los conflictos bancarios.

Influencia tecnológica: Los bancos poseen una gran propensión a la asimilación de los avances tecnológicos porque esto no solo les permite vender y otorgar nuevos servicios, sino que les reporta rapidez, seguridad y menores costos, aspectos que resultan fundamentales en la actividad.

Importancia de la buena fe: Aun cuando este elemento es connatural de toda relación contractual, adquiere mayor relevancia dentro de la contratación bancaria, donde muchas operaciones se realizan sin firma.

Importancia de los usos y costumbres: En materia bancaria, proviene del hecho de que nuestra Constitución nacional, al incorporar el derecho de gentes como fuente legislativa, le otorga valor de fuente del derecho.

 

Ubicación en el derecho (público o privado)

Fuentes. Bases constitucionales del sistema. Las leyes 21526 y 24144.

El derecho bancario se encuentra ubicado en el derecho privado, más aún con la incorporación de gran parte de su plexo normativo al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Se pueden encontrar entre sus fuentes el ius gentium, reconocido como fuente de nuestro derecho por nuestra Constitución nacional. En relación con la operación de los bancos y nuestro mercado de capitales, mencionaremos las siguientes leyes:

Ley de Entidades Financieras 21526: Regula la actividad financiera propiamente dicha, lo que incluye la constitución de las entidades financieras, su clasificación y operatoria, sus autoridades y su extinción, además de regular la administración de los servicios bancarios y otros temas relacionados con el funcionamiento y la operatoria financiera de estas.

Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Ley 24144: Regula normativamente qué personas o entidades privadas o públicas oficiales o mixtas podrán realizar intermediación entre la oferta y la demanda de recursos financieros.
Ambas disposiciones normativas forman un bloque fundamental a la hora de regular las reglas mediante las cuales cualquier entidad puede participar en la interacción financiera y cómo debe hacerlo. Dentro de dicha actividad bancaria, como cualquier actividad social, hay sujetos, relaciones y objetos.
En el ámbito cerrado que es el sistema creado por la Ley de Entidades Financieras y otras reglas del sistema, son pocos los sujetos habilitados para participar. Uno de estos es el Banco Central de la República Argentina que, en tanto es una persona de derecho administrativo, está limitado por su competencia o por el expreso
facultamiento legislativo para la realización de determinados actos, al margen de los cuales no puede actuar. Por otra parte, se encuentran las entidades financieras, expresión que alude a los demás actores, entre las que están los bancos, las compañías financieras, las cajas de crédito y otras modalidades habilitadas por la ley para intervenir en el mercado financiero.

En referencia al objeto, podemos decir que lo constituye el crédito dentro de los contratos que estudiamos en esta materia.
Cuando se habla, en general, de actividad bancaria, implícitamente, se hace referencia a la persona que la realiza, vale decir, a los bancos. Los bancos son empresas, entendidas como la organización de capital, trabajo y tecnología, que tiene por objeto prestar servicios financieros.
Desde el pasado, la actividad bancaria siempre estuvo direccionada a la captación de recursos para luego destinarlos al financiamiento, pero con el tiempo se fueron expandiendo en su objeto y se convirtieron en los proveedores naturales de los medios de pago.
A la vez, también fueron incorporando una amplia gama de funciones y servicios, a tal extremo que hoy los principales ingresos que poseen estas entidades provienen más de los servicios que del financiamiento.
Dentro de la actividad que actualmente desarrollan los bancos, podemos distinguir las operaciones típicas de aquellas complementarias o accesorias.

Esta distinción resulta sumamente relevante debido a que es a partir de la conceptualización de la actividad típica que se determina el ámbito de aplicación de la ley.

En este sentido, la Ley de Entidades Financieras en su art. 1 establece que “quedan comprendidas dentro de esta ley y en sus normas reglamentarias las personas o entidades, privadas, públicas —oficiales o mixtas— de la Nación, de las provincias o municipales que realicen intermediación habitual entre la oferta y demanda de recursos financieros”

Del concepto que esboza la norma se advierte, aun sin mayores conocimientos, que existen cientos de operaciones que realizan los bancos y que no se encuentran definidas o comprendidas dentro de dicha noción. Estas son las que llamamos accesorias o complementarias. Sin ir más lejos, y a los fines de poder
graficar lo que decimos, el contrato de caja de seguridad es un servicio que habitualmente prestan los bancos, pero que nada tiene que ver con la idea de intermediación de recursos financieros. Consecuentemente, si una empresa solo ofrece el servicio de caja de seguridad, no estará comprendida por la ley y, por ende, tampoco podemos decir que desarrolle actividades financieras. De esto se sigue que, aun cuando los bancos han ido evolucionando y actualmente desarrollan una variada gama de operaciones, sigue siendo una actividad puntual la que los tipifica y coloca bajo el ámbito de
aplicación de la ley. Esto es la intermediación habitual entre la oferta y demanda de recurso financieros.

La actividad típica: naturaleza jurídica, la institucionalización y supervisión.

  1. La actividad típica: El art. 1 de la ley 21526, cuando hace referencia al término intermediación, pretende distinguirlo de la mediación, puesto que media quien acerca a las partes e intermedia quien se pone entre ellas. La intermediación: opera como nexo, pero a la vez, se está en el medio y se es parte de la operación. En la intermediación financiera, el banco toma recursos de aquellas personas que poseen excedentes y luego los presta a otras personas que tienen la necesidad de estos recursos. La actividad que esencialmente se resume en tomar recursos de terceros para luego volverlos a prestar es lo que se entiende como intermediación financiera, Lo que lleva a que podamos diferenciar la mediación está dado por el hecho de que el banco recibe los fondos por cuenta propia y luego los presta bajo la misma condición, distinto de los que solo acercan a las partes. La ganancia no está en la comisión, sino en la diferencia de precio que paga por tomar los recursos y lo que cobra al prestarlos. Esto, en la jerga bancaria, se conoce como spread. Es importante destacar que la intermediación deberá ser entre la oferta y demanda de recursos financieros, es decir que deben darse los dos aspectos de la actividad regulada, tanto la oferta como la demanda. Como lógica consecuencia, se encuentran excluidos de la actividad aquellos que prestan recursos propios, ya que no estarían realizando la mentada intermediación debido a que no existe el tercero que ofrezca los recursos y “a quien se debe proteger”. Vale decir que la actividad bancaria se desarrolla, esencialmente, con recursos de terceros, sobre los cuales se intermedia, y es esta característica la que la tipifica. Por otro lado, se debe señalar que, cuando se habla de recursos financieros, no se hace solo referencia al dinero o a la moneda corriente, también pueden señalarse todos aquellos bienes de fácil conversión en dinero, por ejemplo, los títulos valores. Otro elemento para tener en cuenta es la habitualidad que debe existir en esta práctica, puesto que un acto aislado no es objeto de control, sino la reiteración y coordinación en la intermediación.
  2. Naturaleza jurídica: Se han suscitado algunas discusiones a nivel doctrinario sobre la naturaleza jurídica de la actividad bancaria. Así, hay autores que entienden que se trata de un servicio público; otros, que se trata de un servicio público impropio. Quienes critican esta posición destacan que en esta actividad no existe ninguno de los elementos que caracterizan a los servicios públicos, tales como la obligatoriedad, la uniformidad y la igualdad. Sin perjuicio de ello, no dejan de reconocer el interés público que existe en esta actividad y, por ende, la necesidad de control tendiente a la protección de los intereses económicos de la comunidad. Justamente, es en mérito de este trascendente interés que el Estado delega el poder de policía financiero en manos del Banco Central de la República Argentina, que es la autoridad de aplicación de la Ley de Entidades Financieras. En correspondencia con lo dicho, la mayor parte de la doctrina sostiene que la actividad es privada, pero de interés público, posición a la cual adherimos. En efecto, cuenta con la protección que emerge de los arts. 14 y 28 de la Constitución nacional, que aseguran a todas las personas el derecho a ejercer toda industria lícita, comerciar y asociarse con fines útiles, que, si bien se trata de una actividad reglada, ello es a los fines de proteger el interés público comprometido.
  3. La institucionalización: La actividad, cuando es ejercida en forma regular y profesional, se integra dentro de un sistema organizado por el Estado, en el cual se institucionaliza. Este sistema encuentra su estructura en la Ley de Entidades Financieras, que reglamenta la vida y la actividad de estas entidades desde su inicio hasta su extinción.
    A la vez, reputa como autoridad de aplicación al Banco Central de la República Argentina, que vela por el cumplimiento de estas normas y las reglamenta. Para poder desarrollar el negocio de intermediación en el crédito y el dinero, se requiere necesariamente institucionalizarse y, por ende, contar con la autorización del ente rector, quien puede otorgarle la venia para operar en el mercado (de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7 y 8 de la ley anteriormente nombrada) luego de analizar la conveniencia de la iniciativa, las características del proyecto, las condiciones generales y particulares del mercado, los antecedentes y
    responsabilidades de los solicitantes y la experiencia en la actividad.
  4. La supervisión: Como ya lo reseñaremos, la actividad bancaria trasciende los intereses de las partes que intervienen en cada operatoria; de allí el interés público al que nos venimos refiriendo. Podrían ser numerosos los aspectos que despiertan este interés; no obstante y por una cuestión didáctica, los hemos resumido a tres.
  • El operar con recursos de terceros El hecho de que sean los bancos los receptores naturales del ahorro y, a la vez, que sean estos mismos recursos los que prestan, despierta sobre la actividad un
    interés mayúsculo y motoriza todo el control que se despliega sobre la práctica que realizan estas entidades. Indudablemente, y tal como sucede en la práctica, si los banqueros prestaran su propio dinero, se despejaría esta preocupación y, por ende, el control. En efecto, las personas que prestan su propia plata prima facie no se encuentran alcanzadas por la ley.
    La coordinación en la captación y en la asignación de recursos Al Estado le interesa la captación y la asignación de recursos como un medio para generar inversiones y la posibilidad de crecimiento económico. El sistema financiero debe ofrecer condiciones de desenvolvimiento que aseguren confiabilidad, competitividad y transparencia.
    La expansión del dinero La actividad bancaria lleva a una mayor expansión del dinero extremo, por lo que se conoce como emisión secundaria. Este mayor circulante, cuando no es controlado, atenta contra el mismo valor del dinero. Es de advertir que el dinero posee valor, entre otros aspectos, por ser un recurso escaso; al haber mayor dinero circulante, salvo que fuera acompañado de un crecimiento económico, tiende a perder valor. Es por tal razón que el Estado también interviene para controlar este aspecto y procura preservar el valor del dinero.

Objeto: el crédito, la moneda y los títulos valores.

El crédito, la moneda. Conceptos y lineamientos: Los bancos son empresas que crean y multiplican el crédito, vale decir que su actividad no se limita a intermediar con el dinero, sino que también transforman y crean medios de pago.  La creación y multiplicación de créditos, en definitiva, termina por expandir el dinero circulante;, es lo que se conoce como emisión secundaria y es de allí también que se
les suele reconocer a los bancos otra función más: la de agente monetario. En efecto, crean instrumentos que forman parte de los medios de pago de una economía y, además, son generadores de créditos a partir de las imposiciones que reciben.
De esto se sigue que el dinero que emite el Banco Central no es el único dinero utilizable por la comunidad, sino que existe la creación secundaria generada a partir de la misma operatoria que realizan los bancos. Por cierto, la expansión del dinero es inversamente proporcional a la tasa de encaje bancario. Si la previsión que debe realizar un banco es de 5 % del depósito, evidentemente, el dinero que vuelve y se reproduce va a ser mayor que sin la previsión y, por ende, inmovilización fuera del 20 %. Es de allí también que el Banco Central controla la expansión del circulante, entre otras herramientas, con el efectivo mínimo, tal como veremos luego.

Los títulos valores, concepto y lineamiento: Desde su regulación por el Decreto Ley 5965/63 sobre Letras de cambio y pagaré, el régimen de los títulos valores no ha recibido mayores mutaciones o modificaciones sustanciales. Dicho ordenamiento, desde que fue incorporado al Código de Comercio, se mantuvo casi inalterado. Pero es uno de los institutos jurídicos más utilizados en el quehacer jurídico cotidiano. Lo afirmado ut supra se refleja en las operaciones que a diario se realizan mediante pagarés, cheques y obligaciones negociables, y en una vasta jurisprudencia existente sobre los temas vinculados a títulos valores. Encontrado entre los más recientes está el plenario de la Cámara Nacional de Comercio dictado sobre el
tema de la competencia en materia de títulos cambiarios y la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el tema puntual. 

El Proyecto de Código Civil y Comercial tuvo en cuenta la importancia y significación económica que los títulos circulatorios ocupan en nuestra comunidad. Por eso, mediante la incorporación de algunos dispositivos, proyectó disposiciones generales de los títulos valores y sistematizó algunas de las especies de los títulos que pueden crearse, limitando algunos alcances.

La moneda y el dinero: diferencias, naturaleza jurídica y funciones: Podemos decir, rústicamente hablando, que dinero es todo aquello que una sociedad acepta como medio de pago o de cancelación de una obligación.
El dinero es representado por monedas y billetes a los que el Estado les confiere curso legal, es decir, la aptitud de cancelar deudas. La facultad de emitir dinero es una prerrogativa estatal, consustanciada con el ejercicio de su poder soberano. En este sentido, el art. 75 inc. 6 y 11 de la Constitución nacional establece que corresponde al Congreso: “6.) Establecer y reglamentar un banco federal con facultades de emitir moneda…”; “11.) Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las
extranjeras; y adoptar un sistema uniforme de pesos y medidas para toda la Nación” Por su parte, el art. 30 de la Carta Orgánica del Banco Central establece: “El Banco es el encargado exclusivo de la emisión de billetes y monedas de la Nación…”

Función del dinero

El dinero cumple distintas funciones dentro de la economía, así tenemos que es:

  • Medio de pago: Al poseer la fuerza legal de ser un instrumento de cancelación de deudas, pasa a ocupar la función de ser un medio de pago.
  • Instrumento de pago: Constituye una creación humana tendiente a facilitar el intercambio de bienes y servicios y, con ello, las relaciones comerciales. En efecto, permite dividir el trueque en dos operaciones distintas: una de compra y otra de venta, lo que a su vez se ve favorecido por el hecho de poseer curso legal.
  • Medida de valor y unidad de cuenta: Esta función resulta del hecho de ser un parámetro para mensurar el valor de todos los
    bienes y servicios.
  • Reserva de valor: Al ser un medio de pago y poseer, a la vez, un
    valor, el dinero también cumple la función de reserva de valor. Vale decir, puedo ahorrar en dinero por que posee un valor, de la misma forma que podría hacerlo en soja o en cualquier otro objeto susceptible de tener un valor.

 

En relación con la moneda, hablamos de curso legal o forzoso cuando una moneda posee el poder de cancelar una deuda y las partes están obligadas a recibirlas. Esta cualidad debe resultar de la misma ley. Así, el art. 31 de la Carta Orgánica del BCRA (Banco Central de la República Argentina) establece que “los billetes y monedas tendrán curso legal en todo el territorio de la República Argentina”

Por su parte, el curso forzoso de una moneda resulta de la posibilidad de convertirla o cambiarla por parte del mismo ente emisor. En efecto, la moneda es un instrumento representativo de valor, pero que en realidad no posee un valor en sí, sino el que el Estado acuerda y garantiza. Es por esto por lo que existen países donde el Estado ofrece la posibilidad de convertir el billete en otro valor, tal como sucedía en Argentina en la época de la convertibilidad. El Banco Central ofrecía convertir un peso por un dólar; vale decir que por entonces la moneda no era de curso forzoso, puesto que existía la posibilidad de canjearlo.
A partir de 2002, se cambió de régimen y, desde entonces, nuestra moneda pasó a ser inconvertible y, por ende, de curso forzoso, ya que, para realizarla, necesariamente hay que hacerla circular.

El régimen cambiario

El Banco Central es la autoridad de aplicación de todo lo que es el régimen cambiario: la compra o venta de monedas y billetes extranjeros, oro amonedado, cheques de viajero, giros o transferencias de divisas extranjeras. Esta función resulta no solo de lo establecido en el art. 4 inc. e de la Carta Orgánica, sino de lo establecido en el art. 1 de la Ley 18924, que rige la actividad de las casas de cambio.

Cuadra señalar que las variaciones en el tipo de cambio afectan de manera directa la actividad económica, a la vez que inciden sobre las reservas monetarias, sobre la oferta y demanda de bienes, etcétera, lo que despierta también un gran interés público sobre la actividad y lleva a que se deban dictar normas que procuren resguardar el interés general. También cabe agregar que la actividad cambiaria se reglamenta y supervisa por parte del Banco Central, quien ejerce el
poder de policía.

El Mercado: Tipos de mercado: monetario, de crédito, cambiario y de capitales.

Las transferencias de recursos se realizan mediante instrumentos financieros que poseen distintas modalidades en cuanto a sus vencimientos, liquidez, rentabilidad y riesgos. Los bancos forman parte de los agentes que intervienen en el proceso de transferencia, puesto que facilitan la intermediación de estos instrumentos y, a la vez, crean nuevos instrumentos, lo que reduce el costo que implicaría un intercambio directo.
El acercamiento entre unidades con déficit y unidades con superávit, el intercambio de instrumentos y la intermediación de las instituciones financieras se llevan a cabo en los mercados financieros, cuya función es establecer los precios, que es la tasa de interés, y la cantidad de recursos que se requieran.

El mercado financiero básicamente está dividido en:

  1. el mercado del dinero o monetario, que generalmente opera a corto plazo;
  2. el mercado de capitales, que tiende al mediano y al largo plazo.

Actualmente, los bancos comerciales actúan y se desenvuelven en ambos mercados indistintamente.

La función de los bancos Los bancos cumplen una amplia gama de funciones que, aun cuando no sea sencillo enunciarlas, las podríamos resumir en las siguientes:

  1. Proveer los medios de pago: Desde hace muchos años, existe una gran tendencia a la bancarización, no solo porque permite fiscalizar el dinero circulante, lo que hace que el Estado en su función recaudadora fuerce a esta situación, sino fundamentalmente por la mayor seguridad y practicidad que reporta. De la mano de lo planteado, también se van desarrollando múltiples herramientas de pago que, a la vez, facilitan la disponibilidad de los fondos. Si bien las nuevas herramientas son propias de la modernidad, la intervención de los bancos en la canalización de pagos no es nueva. Sostenemos que, debido al avance tecnológico e informático, rara vez se paga con billetes o monedas, salvo en operaciones muy pequeñas. La mayoría de las veces se recurre a instrumentos que provee el mismo sistema financiero, como lo son las tarjetas de débito, crédito, cheques, transferencias electrónicas, por lo que hoy podemos considerar a los bancos como los proveedores naturales de los medios de pago.
  2. Asignar recursos: Otra importante función, ya no primaria, es la de constituir el medio para lograr una eficiente asignación de recursos, lo cual resulta de importancia en la macroeconomía, puesto que permite un desarrollo ordenado. Si bien la intervención del Estado en la actividad bancaria tiene distintos motivos, uno de ellos es lograr una adecuada asignación de recursos.
  3. Transformar plazos: Es un fenómeno que se produce por las características propias de la operatoria bancaria. Como los instrumentos con que operan los bancos son de distintos límites temporarios, su actuación se caracteriza por transformar esos límites mencionados.
  4. Actuar en el mercado de capitales: Los bancos comerciales, actualmente, actúan tanto en el mercado del dinero como en el de capitales. Los bancos operan con documentos representativos de derechos, vale decir, títulos. Los emiten y los adquieren, mediando entre inversores y tomadores, realizando con ello todo tipo de actos jurídicos.

Sistema financiero argentino

Organización del sistema financiero argentino: 

Período 1822 a 1935: En 1822, se creó el primer banco privado en nuestro país: el Banco de Buenos Aires. En esta etapa no existía ningún tipo de control sobre la actividad bancaria. En efecto, recién a partir de 1862 tomó alguna importancia la actividad por la instalación de bancos extranjeros en el país (Banco de Londres y Río de la Plata, Banco de Italia, etc.). Cabe destacar por su importancia la creación del Banco Hipotecario en 1886 como una entidad autárquica del Estado nacional. A su vez, en 1890 se creó la Caja de Conversión. Esta última no tuvo funcionamiento bancario; su importancia residió en el hecho de que, por su intermedio, el Estado se convirtió en el único responsable de la emisión monetaria y terminó, de esta manera, con la facultad de emisión de los bancos. A la vez, en 1891, por iniciativa de Carlos Pellegrini, se creó el Banco de la Nación Argentina, que llevó servicios bancarios a los rincones más alejados del país. Durante esta etapa, no se estableció diferencia entre banca nacional y la banca extranjera, y no existió regulación del crédito ni de los bancos.

Régimen de 1935: Este año marcó un cambio fundamental, ya que fue la salida de un período de nula regulación del crédito y de la actividad bancaria. Esta pasó a un sistema integrado a través de un instituto regulador de los medios de pago y a la necesidad de autorización previa para funcionar. A partir de ese momento, la fiscalización sería permanente. Como consecuencia de la gran crisis del 30, que se reflejaría monetariamente, se generó una gran preocupación que derivó en la iniciativa de organizar la actividad
bancaria. Se encomendó a Otto Niemeyer, que era un especialista en la materia, la elaboración de un proyecto. El experto redactó dos proyectos. Uno referido a la creación de un Banco Central y otro sobre la organización del régimen bancario, los cuales se convirtieron en ley
con algunas modificaciones. Este ordenamiento se estructuró a través de seis leyes. La Ley 12155 de creación del Banco Central de la República Argentina; la 12156, que estructura el marco jurídico de la actividad bancaria; la 12157 crea el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias; la 12158 reforma la ley orgánica del Banco Nación; la 12159 reforma la ley orgánica del Banco Hipotecario; y la 12160, que es de organización. La Ley 12155 crea el Banco Central y lo dota de una naturaleza mixta, lo que se refleja en su composición patrimonial y en la integración del directorio. El capital es suscripto por el Estado, por bancos nacionales y extranjeros, y se deja una parte para que integren futuros bancos. Un aspecto muy importante del proyecto Niemeyer es que estructura el banco como una entidad privada, vale decir, buscando independencia del Gobierno de turno. Las funciones principales eran:

  • concentrar reservas para controlar el valor de la moneda;
  • regular el crédito y los medios de pago;
  • promover la liquidez y buen funcionamiento de los bancos;
  • actuar como agente financiero del Estado;
  • ser el único emisor de billetes.

Estas funciones implican un sistema de moneda dirigida y, en materia estrictamente bancaria, el abandono de la libertad total bajo la cual venían funcionando los bancos. Por otra parte, la Ley 12156 regula la actividad bancaria, limitando su ejercicio a quienes estuviesen autorizados por el Banco Central, establece un efectivo mínimo que los bancos debían mantener a modo de encaje de bancos y, a la vez, un régimen de información a través de la publicación de sus estados
contables.

Régimen de 1946:  Se inicia con el Decreto 8503/46, a través del cual se nacionaliza el Banco Central y se lo convierte en una entidad autárquica del Estado. En la nota de elevación del decreto, se señala que la independencia se puede lograr de esta forma. El Estado asume el control total de la política financiera de la nación. Se declaró patrimonio nacional el capital del Banco Central y, por lógica consecuencia, también se modificaron las autoridades.

A su vez, se nacionalizaron todos los bancos privados, que continuaron operando por cuenta y orden del Banco Central. Se modificó también el régimen de bancos, adecuándolo a estas transformaciones. Con esta reforma se buscaba subordinar la moneda y el crédito a la economía nacional. La política monetaria y económica son funciones privadas del Estado: la atribución de emitir es constitucionalmente indelegable. La nacionalización del Banco Central se mantuvo en las sucesivas reformas hasta la fecha.

Régimen de 1957: En 1957, se vuelve a reformar el sistema financiero argentino. Lo más relevante de esta reforma fue la restitución a los bancos de sus depósitos y de la posibilidad de seguir operando en la forma en que lo habían hecho hasta 1946. Se readecuaron las leyes orgánicas de los bancos oficiales y también del Banco Central, aunque este conservó su carácter de entidad autárquica del Estado Nacional. Poseía como funciones regular el volumen del crédito y los medios de pago para mantener el valor del dinero. A la vez, concentraba y movilizaba las reservas de oro y divisas a los fines de moderar los efectos que podían traer las fluctuaciones en la balanza de pago sobre el valor de la moneda. La nueva legislación (Dec. 13127/57) previó un régimen de armonización en el traspaso de los depósitos, sobre todo buscando que no se produjeran desajustes monetarios.

Régimen de 1969: La Ley 18061 fue dictada en 1969 y con un sentido netamente federal. La concepción regionalista de esta ley contemplaba la situación del interior del país y sus múltiples matices. Por otra parte, amplió el sistema financiero incluyendo no solo a los bancos, sino a todos los que intermediaban con recursos financieros.
Quedaron, así, comprendidas las compañías financieras, las sociedades de crédito para consumo y las cajas de crédito. Se clasificaron los bancos y se le autorizó a cada uno de ellos determinadas actividades, adoptando así el modelo de la especialidad.

Esta reforma respondió a una nueva adecuación del desenvolvimiento del sistema bancario y financiero nacional. Y, aunque se derogó en forma íntegra el Dec. 13127/57, no fue tanto en su faz estructural, puesto que en la Ley 18061 se receptan perfeccionados y ordenados muchos de los principios y disposiciones. La ley tiene como particularidad una correcta delimitación y encuadramiento de lo que se considera actividad financiera, cosa que hasta el momento no se había logrado. El art. 3 establecía: “Quedan comprendidas en esta ley las personas o entidades que medien habitualmente entre la oferta y demanda pública de recursos financieros”. Este nuevo concepto recogía la experiencia a fin de que pudiera abarcar novedosos desarrollos. A la vez, dejaba en claro que no regulaba actos aislados, sino que estaba diseccionado a la secuencia coordinada de la práctica. También debía ser pública. Por último, introducía el secreto bancario, el cual antes solo existía en relación con la información que obtenía el Banco Central.

Régimen de 1973: En ese año, se volvió a modificar el sistema y se reeditó el esquema de 1946. Se nacionalizó la operatoria bancaria. Se dio como razón que la función creadora de dinero que tenían los bancos a través de la emisión secundaria era incompatible, puesto que la función de emitir era una atribución propia del Estado.

Régimen de 1977: A mediados de 1977, se produjo una nueva modificación y reorganización del sistema financiero y se desnacionalizan los depósitos, a partir de una serie de leyes que son la 21495 de descentralización de los depósitos; la 21526, de entidades financieras; y la Ley 21572, que crea una cuenta de regulación
monetaria. Este cambio no significó una liberación absoluta de la actividad financiera, sino un punto intermedio entre la intromisión absoluta y la libre intervención de los actores. Una de las críticas más acentuadas que se le realizaba a este nuevo régimen era su carácter centralizado y unitario, que no contemplaba las diferencias de desarrollo económico que se producían entre la Capital Federal y las distintas situaciones del interior. Por otra parte, también se lo veía en el hecho de que el BCRA operaba solo en la Capital y tuviera una competencia exclusiva también en la Capital.
La Ley 21526 reglamentó la actividad bancaria, que consiste en la intermediación habitual entre la oferta y demanda de recursos financieros. A la vez, está estructurada por un sistema integrado por distintos tipos de entidades especialmente autorizadas y coordinado por un ente rector que es el Banco Central. Este sistema, con algunas adecuaciones, es el vigente a la fecha. Tal como lo hemos reseñado, esta ley aún mantiene su vigencia, empero con importantes reformas.

El derecho bancario en la actualidad:

El derecho bancario en el Código Civil y Comercial de la Nación. En relación con la disciplina cuyo análisis nos convoca, la comisión redactora le dedicó, específicamente, un capítulo en particularel 12— al que denomina, precisamente, “Contratos bancarios”, comprensivo de 40 artículos que van desde el 1378 al 1428 del Código Civil y Comercial de la Nación. Los divide en 2 secciones: la primera “Disposiciones generales”, regulatorias de la “Transparencia de las condiciones contractuales” y de los “Contratos bancarios entre consumidores y usuarios”; y la segunda, a los “Contratos en particular”, que se subdivide en: “Depósito bancario”, “Cuenta corriente bancaria”; “Préstamo y descuento bancario”; “Apertura de crédito”; “Servicio de caja de seguridad”; y “Custodia de títulos”.

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