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El concurso preventivo
El curso de Concursos y Quiebras en Argentina, bajo el marco de la Ley 26.994, es un componente esencial en la formación de juristas especializados en el ámbito del derecho comercial. Esta disciplina se centra en la regulación de los procedimientos destinados a resolver situaciones de insolvencia empresarial, ya sea a través de la reestructuración de la empresa en crisis o de su liquidación ordenada. La Ley 26.994, promulgada en 2013, introduce importantes reformas al régimen concursal argentino con el fin de modernizar y agilizar los procesos, proporcionando herramientas tanto a deudores como a acreedores para enfrentar situaciones de insolvencia de manera más efectiva y equitativa. Este curso proporciona a los estudiantes un profundo conocimiento sobre los fundamentos, procedimientos y jurisprudencia relacionados con los concursos y quiebras en Argentina, cubriendo aspectos clave como la declaración de quiebra, la administración de los activos del deudor, los derechos de los acreedores y las acciones de rescisión, entre otros temas esenciales para comprender y aplicar la Ley 26.994 en la práctica legal.
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La quiebra
Curso de concursos y quiebras
About Lesson

El proceso de verificación tiende a que a los acreedores se les reconozca la legitimidad y la graduación de sus acreencias. Buscan ser considerados acreedores concurrentes, es decir ser “acreedores habilitados para participar en el concurso, decidir sobre la propuesta de acuerdo y en última instancia cobrar”.

Concepto
El sistema de verificación de créditos es el mecanismo a través del cual se logra el reconocimiento en el proceso concursal de los distintos créditos adeudados. También se lo denomina período informativo. Este proceso se abre con la presentación de quien reclame la calidad de acreedor y es necesario, por cuanto todos los acreedores que quieran participar del concurso deberán recurrir a este. A través de la verificación, se tiende a comprobar la existencia y el monto de los créditos (además de la graduación). Por ejemplo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por aquellos tributos debidos con anterioridad a la presentación del concurso, deberá concurrir ante el síndico para que se establezcan tanto el monto como su ubicación en el prorrateo para el cobro (privilegio o no).

Créditos de causa y título anterior

Según lo establece el artículo 32 de la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ), todos los acreedores por causa o título anterior a la presentación concursal pueden exhibir sus pedidos de verificación.

Causa o título anterior: si ambos son anteriores, no hay problema y pueden verificarse, si el título tiene fecha posterior a la presentación y la causa es anterior a esta, cae bajo los efectos concursales.

Requisitos del pedido verificatorio

¿cuáles serán los recaudos que debe tener el pedido de verificación? El artículo 32 de la LCQ prevé las siguientes precauciones: debe presentarse por escrito, indicar los datos personales y el domicilio real del insinuante y constituir un domicilio especial; se deben especificar el monto, la causa y el privilegio del crédito y acompañar con los títulos que justifiquen dicho crédito. Todo ello tiene que exhibirse en doble ejemplar. También debe precisarse el monto de la pretensión verificatoria y de los intereses, pues este constituye el límite que condiciona no solo el consejo del síndico, sino también las facultades del juez. Finalmente, este pedido debe estar suscripto por el peticionante y se tiene que abonar un arancel verificatorio por cada solicitud de verificación, lo que se verá más adelante.

Efectos

La presentación de la solicitud para la verificación de créditos tiene los mismos efectos que una demanda judicial, pues interrumpe la prescripción (se extiende hasta la finalización del concurso o quiebra) e impide la caducidad del derecho y de la instancia

Arancel
Por cada solicitud de verificación de crédito que se presente, sea esta tempestiva, incidental o tardía, se debe abonar un arancel al síndico equivalente al diez por ciento (10%) del salario mínimo vital y móvil que se sumará a dicho crédito. “Se excluyen del arancel: los créditos de causa laboral, y a los equivalentes a menos de tres (3) salarios mínimos vitales y móviles, sin necesidad de declaración judicial” (según la Ley N.° 27170, publicada en el Boletín Oficial el 8-9-2015, que modifica los arts. 32 y 200 de la Ley N.° 24522). En este caso, deberá pagar el arancel, ya que supera el monto de 3 salarios mínimos.

 

Verificaciones especiales

  • Créditos privilegiados: respecto de los acreedores con garantía real, no están exceptuados de verificar, al hacerlo, deben denunciar la existencia del privilegio. En efecto, si el acreedor hubiese omitido el carácter del crédito (común o privilegiado), el juez, al momento de resolver la incorporación de tal acreencia al pasivo concursal, debe admitirlo como quirografario. Se sostiene que existe una renuncia implícita al privilegio. Se exceptúan los créditos de naturaleza laboral, en razón de su carácter especial y su particular modo de renunciabilidad.
    Pagaré y cheques: en los casos “Translínea” y “Difry”, la jurisprudencia plenaria de la Cámara Nacional de Comercio decidió que el solicitante de verificación en el concurso, con fundamento en estos instrumentos privados, deberá declarar y probar la causa, esto es, las circunstancias determinantes del acto cambiario originario o derivado. El fundamento fue evitar la invención de acreedores mediante el simple trámite de otorgarles un pagaré o un cheque. La rigidez de estos plenarios se morigeró con el transcurso del tiempo y requirió una razonable complementación probatoria respecto de aquellos títulos. 
  • Sentencia definitiva en juicios de conocimientos: En la actualidad, se acepta que la sentencia dictada en procesos de conocimiento, es título hábil para verificar el crédito en ella reconocido; ni el síndico ni el juez concursal pueden, en principio, cuestionar su contenido, salvo que se probare que existe cosa juzgada fraudulenta o exorbitancia de ella en relación a las reglas concursales. En otras palabras, si hubiese un juicio, en este caso ejecutivo, por uno de los cheques presentado y rechazado y se hubiese obtenido sentencia, en principio, no habría necesidad de cuestionar la causa.

Facultades de información

El órgano sindical puede requerir todo tipo de información necesaria para el conocimiento de los negocios sociales del deudor y de los derechos de los acreedores; en caso de ser negada, puede solicitar al juez concursal que tome las medidas que estime pertinentes (art. 275 de la LCQ).
Es función de la sindicatura investigar la legitimidad y la preferencia de los créditos que corresponden a los acreedores concursales, si se tiene en cuenta que el trámite de la verificación de créditos no se reduce a la mera comprobación del carácter que reviste la obligada sino a investigar la causa de la obligación que da lugar al crédito pretendido.

 

Período de observaciones

  • De acuerdo con el artículo 34 de la LCQ, después de finalizado el plazo para peticionar la verificación, se abre una etapa de 10 días, en la cual el deudor y quienes hubieran solicitado la verificación pueden revisar los legajos y realizar por escrito observaciones e impugnaciones a los créditos presentados.
  • Además, los trabajadores de la concursada, aunque no tuvieren el carácter de acreedores, pueden revisar los legajos.
  • Vencido el plazo previsto para las observaciones, dentro de las 48 horas, el síndico debe presentar al juzgado un juego de copias de estas para su incorporación al legajo de copias, previsto en el artículo 279 de
    la LCQ.

Informe individual: Concluido el plazo para la formulación de las observaciones, el síndico debe redactar el denominado informe individual, que constituye una pieza instrumental única, que comprende la totalidad de los créditos que pretenden incorporarse al pasivo. Es un informe donde el síndico lograra ordenar en un cuerpo unificado la síntesis de las pretensiones esgrimidas por los aspirantes a la concurrencia, a quienes se ofrece una primera opinión (técnica e imparcial) sobre la procedencia jurídica de aquellas. El síndico debe dictaminar objetivamente y guardar equidistancia de los verdaderos contendientes, que son el deudor y cada acreedor y, a su vez, los acreedores entre sí. En este informe, el síndico se limita a dar su parecer sobre la procedencia o improcedencia de los pedidos de verificación, pero carece de potestad decisoria, es decir que su opinión no es vinculante, y el juez puede decidir en contra de su consejo. En esta pieza de gran importancia, se debe consignar el nombre completo de cada acreedor, su domicilio real y el constituido, el monto y la causa del crédito, el privilegio y las garantías invocados; además, debe reseñar la información obtenida, las observaciones que hubieran recibido las solicitudes, por parte del deudor y de los acreedores, y expresar respecto de cada crédito, opinión fundada sobre la procedencia de la verificación del crédito y el privilegio, según lo establece el artículo 35 de la LCQ.

Resolución judicial sobre los créditos: El artículo 36 de la LCQ prevé: La Resolución judicial: Dentro de los DIEZ (10) días de presentado el informe por parte del síndico, el juez decidirá sobre la procedencia y alcances de las solicitudes formuladas por los acreedores.

El crédito o privilegio no observados por el síndico, el deudor o los acreedores es declarado verificado, si el juez lo estima procedente. Cuando existan observaciones, el juez debe decidir declarando admisible o inadmisible el crédito o el privilegio. Estas resoluciones son definitivas a los fines del cómputo en la evaluación de mayorías y base del acuerdo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente. En este artículo, se distingue entre créditos verificados, admisibles e inadmisibles. Los verificados son los créditos que no fueron observados ni por el deudor ni por los otros acreedores y la sindicatura aconseja que ingresen al pasivo concursal como verificado, si el juzgador así lo decide. “Ahora bien, si los acreedores, el deudor o la sindicatura impugnaron oportunamente el crédito insinuado, ya no puede declararse verificado, sino solamente admisible o inadmisible”. Se declaran admisibles los créditos y privilegios que fueron observados por el deudor, los acreedores o la sindicatura y que el juzgador, al rechazar las impugnaciones, así lo considerara; por el contrario, se declaran inadmisibles los que fueron objetados y que el juzgador, al admitir las impugnaciones así lo resolviera o bien, si aún no median oposiciones, el director del proceso no los admite (art. 36 de la LCQ).

Cosa juzgada: El artículo 37 de la LCQ dispone que la sentencia que declara verificado el crédito y en su caso el privilegio, produce los efectos de cosa juzgada, salvo dolo. Ahora, si el crédito se consideró admisible o inadmisible, este recién adquiere el carácter de cosa juzgada si dentro de los 20 días subsiguientes a la resolución de verificación de créditos no es revisado (también salvo dolo). 

Revisión: En caso de un crédito declarado admisible o inadmisible, el deudor o los acreedores pueden interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia de verificación. El plazo para revisar es de 20 días siguientes a la fecha de la resolución judicial sobre los créditos. Caso contrario, adquiere firmeza la sentencia de verificación y el trámite que se le asigna es incidental, de acuerdo con los artículos 280 y subsiguientes de la Ley de Concursos y Quiebras; por lo tanto, es un expediente desprendido del principal o que se tramita por cuerda separada.

Invocación de dolo: El crédito verificado o el declarado admisible o inadmisible, luego de transcurrido los 20 días de la revisión, adquieren el carácter de cosa juzgada material, salvo dolo. El dolo hace referencia a la utilización de las formas procesales para lograr un pronunciamiento judicial fraudulento. El plazo para interponer el recurso es de 90 días desde la resolución de verificación (plazo de caducidad), y el efecto de la interposición no altera el derecho del acreedor a obtener el cumplimiento del acuerdo. El trámite es el juicio ordinario ante el juez concursal.

 

Fuentes: 

  • Cámara Nacional Comercial “Difry S. R. L. s/convocatoria” (19 de junio de 1980) ED 88-583.
  • Cámara Nacional Comercial “Translínea S. A. c/Electrodinie S. A.” (26 de diciembre de 1979). LL1980-A, 332.
  • Ley N.° 24522. (1995). Ley de Concursos y Quiebras. Honorable Congreso de la Nación.

 

 

 

 

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