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El concurso preventivo
El curso de Concursos y Quiebras en Argentina, bajo el marco de la Ley 26.994, es un componente esencial en la formación de juristas especializados en el ámbito del derecho comercial. Esta disciplina se centra en la regulación de los procedimientos destinados a resolver situaciones de insolvencia empresarial, ya sea a través de la reestructuración de la empresa en crisis o de su liquidación ordenada. La Ley 26.994, promulgada en 2013, introduce importantes reformas al régimen concursal argentino con el fin de modernizar y agilizar los procesos, proporcionando herramientas tanto a deudores como a acreedores para enfrentar situaciones de insolvencia de manera más efectiva y equitativa. Este curso proporciona a los estudiantes un profundo conocimiento sobre los fundamentos, procedimientos y jurisprudencia relacionados con los concursos y quiebras en Argentina, cubriendo aspectos clave como la declaración de quiebra, la administración de los activos del deudor, los derechos de los acreedores y las acciones de rescisión, entre otros temas esenciales para comprender y aplicar la Ley 26.994 en la práctica legal.
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La quiebra
Curso de concursos y quiebras
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Hemos visto, anteriormente, la complejidad y la multiplicidad de intereses que se entrelazan en el proceso concursal, como así también, desarrollamos sus principales rasgos. Sin embargo, no podemos soslayar que el órgano jurisdiccional no podría aplicar plenamente la ley concursal sin el auxilio de funcionarios concursales. El funcionario más importante y destacado por la profusa actividad que le encomienda la ley concursal es el síndico concursal.

Naturaleza de su función Con relación a la naturaleza de la función del síndico en el proceso concursal, en el fallo Amiano la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que el síndico es un órgano del concurso cuyas atribuciones, legitimación y responsabilidades son conferidas por la ley.

En la actualidad, se ha desechado la idea de que el síndico sea un representante, pues tal noción es insuficiente para explicar su condición. Tal tesis ha sido superada, ya que no se discute que el síndico no recibe sus facultades ni de los acreedores ni del deudor, en tanto la función que ejerce le ha sido asignada por la ley, por lo que no puede sostenerse válidamente que actúe en interés directo de unos u otros, sino en aras del cumplimiento de las finalidades del proceso concursal. Tampoco es un funcionario público, dado que la naturaleza del vínculo con el Estado nacional resulta insuficiente para adjudicarle tal rango.

Desde esta perspectiva, la estructura organicista de la sindicatura es la que mejor expresa técnicamente los distintos planos de la actividad del síndico en el desenvolvimiento del proceso concursal.

El síndico del concurso no constituye un órgano mediante el cual el Estado exterioriza sus potestades y voluntad, sino un sujeto auxiliar de la justicia, cuya actividad en el proceso colectivo se desarrolla con
autonomía, sin subordinación jerárquica y en base a la idoneidad técnica que deriva de su título profesional. Sus funciones están determinadas por la ley respectiva, tanto en interés del deudor como de los acreedores y del proceso colectivo en general.

Designación del síndico Con la resolución de apertura se designa la fecha de audiencia para el sorteo del síndico. Asimismo, se establece la fecha donde se procederá hasta la que se podrán solicitar los pedidos de verificación.

El artículo 253 establece las pautas por seguir para designar a los síndicos y prevé que su designación se realiza según el procedimiento que veremos a continuación.

  1. Requisitos: Podrán inscribirse para aspirar a actuar como síndicos concursales los contadores públicos con una antigüedad mínima en la matrícula de CINCO (5) años; y estudios de contadores que cuenten entre sus miembros con mayoría de profesionales con un mínimo de cinco (5) años de antigüedad en la matrícula.  No es un cargo de libre acceso para cualquier profesional de ciencias económicas. Los integrantes de los estudios al tiempo de la inscripción no pueden, a su vez, inscribirse como profesionales independientes. Se tomarán en cuenta los antecedentes profesionales y académicos, experiencia en el ejercicio de la sindicatura, y se otorgará preferencia a quienes posean títulos universitarios de especialización en sindicatura concursal, agrupando a los candidatos de acuerdo a todo estos antecedentes.
  2. Listas: Cada 4 años la Cámara de Apelación correspondiente forma DOS (2) listas, la primera de ellas correspondientes a la categoría A, integrada por estudios, y la segunda, categoría B, integrada exclusivamente por profesionales; en conjunto deben contener una cantidad no inferior a QUINCE (15) síndicos por Juzgado, con DIEZ (10) suplentes, los que pueden ser reinscriptos indefinidamente. Para integrar las categorías se tendrán en cuenta los antecedentes y experiencia, otorgando prioridad a quienes acrediten haber cursado carreras universitarias de especialización de posgrado. La Cámara puede prescindir de las categorías en los juzgados con competencia sobre territorio cuya población fuere inferior a DOSCIENTOS MIL (200.000) habitantes de acuerdo al último censo nacional de población y vivienda.
  3. Sorteo: El sorteo será público y se hará entre los integrantes de una de las listas, de acuerdo a la complejidad y magnitud del concurso de que se trate, clasificando los procesos en A y B. La decisión la adopta el juez en el auto de apertura del concurso o de declaración de quiebra. “La decisión es inapelable”. 
  4. Actuación: El síndico designado en un concurso preventivo actúa en la quiebra que se decrete como consecuencia de la frustración del concurso, pero no en la que se decrete como consecuencia del incumplimiento del acuerdo preventivo. Esta regla ha creado conflicto interpretativo con el artículo 64 in fine. Se ha interpretado que el artículo 64, en cuanto mantiene el órgano concursal, se aplica a los pequeños concursos preventivos en los que el síndico actúa como controlador del acuerdo, pues no cesa en sus funciones. En cambio, en los casos de gran concurso preventivo, el cese de la actuación de la sindicatura (art. 59) impone la designación de un nuevo síndico.
  5. Suplentes: los suplentes se incorporan a la lista de titulares cuando uno de estos cesa en sus funciones. También actúan durante las licencias. En este supuesto cesan cuando éstas concluyen.

Sindicatura plural: Sindicatura plural. El juez puede designar más de UN (1) síndico cuando lo requiera el volumen y complejidad del proceso, mediante resolución fundada que también contenga el régimen de coordinación de la sindicatura. Igualmente podrá integrar pluralmente una sindicatura originariamente individual, incorporando síndicos de la misma u otra categoría, cuando por el conocimiento posterior relativo a la complejidad o magnitud del proceso, advirtiera que el mismo debía ser calificado en otra categoría de mayor complejidad.

Funciones: El síndico actúa a lo largo de todo el proceso concursal y el gran momento se concreta en la etapa de verificación. Sus funciones son bastantes heterogéneas y, a lo largo de todo el articulado, se han ido delineando, algunas de manera expresa, otras implícitamente, y como derivado lógico de otros deberes. 

Funciones del síndico en el proceso preventivo: 

  • Vigilancia y control de la administración del patrimonio del deudor.
  • Colaboración en el desenvolvimiento del proceso, por ejemplo: envío de cartas certificadas, diligenciamiento de los oficios pertinentes en los registros respectivos para asegurar el patrimonio prenda común.
  • Funciones propias en la verificación de créditos.
  • Funciones durante el desarrollo del acuerdo, en la impugnación, en la homologación, etcétera

Funciones del síndico en el proceso de quiebra:

  • a) Administración, conservación y custodia del patrimonio del fallido.
  • b) Liquidación del patrimonio. En este sentido, cabe recordar lo dispuesto por el artículo 2032 cuando
    expresa que “la realización de bienes se hace por el síndico”. Esto de manera general, pues en particular se verán las distintas funciones que posee, ya sea en la continuación de la empresa, en las acciones de recomposición patrimonial, en la confección de los proyectos de distribución e informe final, etcétera.
  • c) En la continuación de la explotación por la sindicatura.
  • d) De distribución de lo recaudado.
  • e) En la clausura y conclusión de la quiebra (Junyent Bas y Molina Sandoval, 2011). El artículo 275 de la Ley de Concursos y Quiebras enumera de modo ejemplificativo las facultades del síndico.

Legitimación: El artículo 275 establece: El síndico es parte en el proceso principal, en todos sus incidentes y en los demás juicios
de carácter patrimonial en los que sea parte el concursado, salvo los que deriven de relaciones de familia en la medida dispuesta por esta ley. En este sentido, se señala que el síndico, tanto en el concurso preventivo como en la quiebra, tiene plena legitimación para la postulación procesal pertinente, destinada a cumplir la finalidad de ambos procesos. Además, posee legitimación respecto de los incidentes concursales y procesos individuales en la quiebra, donde se acentúan sus posibilidades de actuación.

En los incidentes del concurso preventivo, su intervención es limitada y se afirma que el síndico produce un informe, como en el caso de las verificaciones tempestivas. En la doctrina, se discute si tiene legitimación para iniciar incidentes de revisión de créditos, y la mayoría se pronuncia a favor de tal posibilidad. La Ley 26086 le ha dado el carácter de parte necesaria en los juicios de contenido patrimonial, que ahora siguen tramitando ante el juez natural.

Indelegabilidad de las funciones:  Varios son los caracteres que posee la actuación de la sindicatura; “uno de los más importantes es el de la indelegabilidad, o sea, la imposibilidad de sustitución de las funciones para la cual ha sido designado”. La dedicación que requiere cada uno de los procesos concursales, por la importancia de las cuestiones económicas e intereses en juego, imponen la igualdad de atención de todos los juicios más allá de su dimensión retributiva. Ello genera, además, la responsabilidad en el ejercicio de su función, que solo se logra con el ejercicio indelegable del cargo.

El artículo 252 de la Ley de Concursos y Quiebras establece la indelegalibidad y abarca a todos los funcionarios y no solo al síndico. Aunque, en relación con la sindicatura, este precepto se encuentra
reforzado por el artículo 258 de la Ley de Concursos y Quiebras, que no solo estipula la indelegabilidad de las funciones, sino la necesidad de actuación personal. Este carácter de indelegable no implica que el
funcionario no pueda valerse de empleados, ya que con relación al síndico, se ha previsto el asesoramiento profesional y la facultad de contratar empleados, previa autorización judicial.

Como carácter anexo, “se suma la irrenunciabilidad en el cargo”. Esto se ha establecido para evitar la renuncia de los síndicos en aquellas quiebras con poco o nulo activo, de manera tal que se ven reducidos
sus emolumentos. El ejercicio de la función de la sindicatura es una carga y el profesional que se inscribe voluntariamente en un listado para coadyuvar en la tarea concursal debe saber que se encontrará con
quiebra sin activos, incluso sin los necesarios para cubrir sus emolumentos. Ello está previsto en el artículo 255 de la Ley de Concursos y Quiebras.

Actuación personal: La función del síndico, tal como se ha señalado, es personal e indelegable, por su importancia en el proceso concursal. Su alcance está expresamente previsto por el plexo normativo. Así, el artículo 258 de la Ley de Concursos y Quiebras prevé que el síndico debe actuar personalmente. Rouillon (2003) expresa que la carga de actuar en forma personal se debió a una corruptela que se producía con la delegación o apoderamiento que efectuaba el síndico en otros profesionales. De ahí que las presentaciones y demás actos procesales deban estar rubricados por el síndico, sin perjuicio de la posibilidad de que sea asesorado por un profesional en derecho. 

La actuación personal es el principio general; sin embargo, el precepto citado prevé algunas excepciones:

  1. En casos de estudios de contadores, se puede designar a un profesional integrante de aquel para que actúe personalmente.
  2. Cuando no existen fondos, se puede requerir la comisión de un agente fiscal de la jurisdicción donde se deben realizar actos procesales.
  3. El juez puede autorizar la designación de un letrado para desempeñar en otra jurisdicción y sus gastos serán considerados como gastos del concurso.

Deberes y facultades: La misión del síndico asume un rol decisivo en cuestiones centrales del trámite, como por ejemplo, al suministrar el informe individual en la etapa de verificación de los créditos, al informar sobre la viabilidad de la continuación de la explotación de la empresa fallida, al ejercitar las acciones de recomposición patrimonial, al participar de la elaboración del informe final y proyecto de distribución de fondos, al presentar el informe general, al liderar la gestión del trámite liquidativo en la quiebra, al encargarse de la incautación, conservación y administración de los bienes del deudor fallido, etcétera.

El artículo 275 de la Ley de Concursos y Quiebras prevé algunas de las facultades que tiene el órgano sindical. Dicha norma enumera genéricamente y de modo ejemplificativo las facultades y deberes del funcionario. Dicho precepto debe complementarse con el artículo 142 de la Ley de Concursos y Quiebras, que regula la legitimación del síndico para actuar en el marco de las relaciones jurídicas patrimoniales trabadas por el deudor, preexistentes a la quiebra. Tal como ya se señaló, las facultades del síndico son amplísimas y surgen a lo largo de la normativa concursal.

El síndico constituye la pieza maestra del proceso concursal y su actuación adquiere especial gravitación, no solo en el correcto desarrollo del trámite, sino también en el cumplimiento de los principios rectores que gobiernan la legislación concursal.

Asesoramiento profesional: El artículo 257 autoriza al síndico a designar profesionales cuando la materia exceda su competencia, como así también, el nombramiento de asesores letrados. En todos los casos, los honorarios de los profesionales que contrate serán a cargo de la sindicatura. 

Sin embargo, en los casos en que el síndico debe actuar en otra jurisdicción, puede solicitar al juez autorización judicial previa, para contratar a un apoderado para que se desempeñe en actuaciones que
tramitan fuera de su tribunal, y si el juez lo autoriza, los honorarios del profesional contratado serán considerados gastos del concurso (art. 258).

Recuerda; el síndico puede requerir asesoramiento profesional cuando la materia excede de su competencia, y patrocinio letrado. En todos los casos los honorarios de los profesionales que contrate son a su exclusivo cargo.

Causales de remoción: Martorell (2003) resume algunos de los criterios jurisprudenciales que ejemplifican las conductas que pueden derivar en la remoción del síndico:

  1. inactividad procesal;
  2. actuación en beneficio personal y no del concurso:
  3. falta de estudio en los problemas que se presentan en el concurso;
  4. delegación de funciones
  5. desconocimiento de la ley, traducido en aconsejar o verificar créditos a acreedores no insinuados,
  6. no contestación de requerimiento del tribunal,
  7. efectuar pagos indebidos,
  8. efectuar negociaciones incompatibles con su cargo,
  9. no deducir las acciones de responsabilidad;
  10. invertir los fondos del concurso en operaciones de riesgo, etcétera.

Estas causales de remoción, atento a su naturaleza sancionatoria, deben ser interpretadas con criterio restrictivo, pues no toda negligencia o falta supone la remoción directa, sino que debe tener cierta entidad y valorarse en relación con todo el desempeño del órgano concursal.

Causales de remoción de la sindicatura: Están reguladas en el Art. 255 y pueden ser:

  • 1) Negligencia,
  • 2) Falta grave,
  • 3) Mal desempeño del cargo.

La remoción compete al juez, con apelación ante la Cámara. Consentido o ejecutoriado el auto, el síndico cesa en sus funciones en todos los concursos en que intervenga. La remoción causa la inhabilitación para desempeñar el cargo de síndico durante un término no inferior a CUATRO (4) años ni superior a DIEZ (10), que es fijado en la resolución respectiva.

Sanciones que se pueden aplicar: Las sanciones van desde el
apercibimiento hasta multas que equivalen a la remuneración del juez de primera instancia. La remoción es la máxima sanción.

Efectos de la remoción: a) Cesación de las funciones en todos los
procesos que fuera designado; b) inhabilitación fijada por el juez que lo remueve con tope mínimo de 4 años y un máximo de 10 años fijado por resolución respectiva. 

Informe individual:
La previsión legal contenida en el artículo 35 de la Ley de Concursos y Quiebras regula uno de los acontecimientos más importantes que está presente en la determinación del pasivo concursal y que tiene al síndico como protagonista. 

  • Vencido el plazo para la formulación de observaciones por parte del deudor y los acreedores, en el plazo de veinte días, el síndico deberá redactar un informe sobre cada solicitud de verificación en particular, el que deberá ser presentado al juzgado.
  • En ese informe el funcionario debe consignar el nombre completo de cada acreedor, su domicilio real y el constituido, monto y causa del crédito, privilegio y garantías invocados; además, debe reseñar la información obtenida, las observaciones que hubieran recibido las solicitudes, por parte del deudor y de los acreedores, y expresar respecto de cada crédito,opinión fundada sobre la procedencia de la verificación del crédito y el privilegio.
  • También debe acompañar una copia, que se glosa al legajo a que se refiere el artículo 279, la cual debe quedar a disposición permanente de los interesados para su examen, y copia de los legajos.

De este modo, la verificación de créditos, por ser la única vía de acceso que tienen los acreedores al pasivo concursal, se encuentra regulada de manera minuciosa en la ley concursal. Así, tal como se dijo, de acuerdo con el principio de concurrencia, quienes pretendan ser acreedores y participar en el concurso deben necesariamente cumplir con la carga de pedir su verificación al síndico “indicando monto, causa y privilegios”,y al mismo tiempo, el funcionario del concurso debe llevar a cabo las investigaciones necesarias a fin de aconsejar al juez sobre la legitimidad o ilegitimidad de cada pretensión, fundando acabadamente su opinión.

El informe individual debe ser detallado y es una pieza instrumental de gran relevancia, aun cuando el consejo del síndico no sea seguido por el magistrado en la ocasión prevista por el artículo 36 de la Ley de Concursos y Quiebras. Su opinión, más allá de que no sea vinculante para el juez, es sumamente importante, pues el síndico es el auditor contable del proceso concursal.

Informe general: 

Se dijo que el informe general es una pieza fundamental dentro del procedimiento, pues permite conocer el pasado, presente y futuro del deudor concursado o fallido. Es el elemento informativo más importante para descifrar la situación patrimonial del deudor. El artículo 39 reza que, Treinta (30) días después de presentado el informe individual de los créditos, el síndico debe presentar un informe general, el que contiene”:

1) El análisis de las causas del desequilibrio económico del deudor. Aquí se enjuicia la conducta empresaria concreta llevada a cabo por el concursado o fallido, analizando la rentabilidad concreta, los gastos y sus relaciones con los ingresos, etc.

2) La composición actualizada y detallada del activo, con la estimación de los valores probables de realización de cada rubro, incluyendo intangibles”. Este inciso fue modificado en forma coordinada con el art.48 LCQ por la ley 25.589 a los fines de poder brindar más datos al juez al momento de efectuar la valuación de la empresa.

3) La composición del pasivo, que incluye también, como previsión, detalle de los créditos que el deudor denunciara en su presentación y que no se hubieren presentado a verificar, así como los demás que resulten de la contabilidad o de otros elementos de juicio verosímiles.

4) Enumeración de los libros de contabilidad, con dictamen sobre la regularidad, las deficiencias que se hubieran observado, y el cumplimiento de los artículos 43, 44 y 51 del Código de Comercio.

5) La referencia sobre las inscripciones del deudor en los registros correspondientes y, en caso de sociedades, sobre las del contrato social y sus modificaciones, indicando el nombre y domicilio de los administradores y socios con responsabilidad ilimitada.

6) La expresión de la época en que se produjo la cesación de pagos, hechos y circunstancias que fundamenten el dictamen.

7) En caso de sociedades, debe informar si los socios realizaron regularmente sus aportes, y si existe responsabilidad patrimonial que se les pueda imputar por su actuación en tal carácter.

8) La enumeración concreta de los actos que se consideren susceptibles de ser revocados, según lo disponen los artículos 118 y 119.

9) Opinión fundada respecto del agrupamiento y clasificación que el deudor hubiere efectuado respecto de los acreedores.

10) Deberá informar, si el deudor resulta pasible del trámite legal prevenido por el Capítulo III de la ley 25.156, por encontrarse comprendido en el artículo 8° de dicha norma.

Este es el contenido mínimo indispensable que debe contener este informe, que viene a significar una radiografía panorámica de las causas del estado patrimonial de crisis, como así también de las soluciones que se vislumbran en el caso del concurso preventivo y de las perspectivas de cobro en caso de quiebra.

  • En la sentencia de apertura del concurso o de declaración de quiebra, el juez fija el plazo para la presentación, que debe producirse con posterioridad a los informes individuales y a la sentencia de verificación.
  • Si la sindicatura no cumple en tiempo, puede ser objeto de sanciones.
  • Por ser equivalente a un informe técnico, el juez, para apartarse de sus razones, deberá aportar razones de peso e importancia, provenientes del conocimiento del concursamiento y de otros datos concretos de la causa.
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