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El concurso preventivo
El curso de Concursos y Quiebras en Argentina, bajo el marco de la Ley 26.994, es un componente esencial en la formación de juristas especializados en el ámbito del derecho comercial. Esta disciplina se centra en la regulación de los procedimientos destinados a resolver situaciones de insolvencia empresarial, ya sea a través de la reestructuración de la empresa en crisis o de su liquidación ordenada. La Ley 26.994, promulgada en 2013, introduce importantes reformas al régimen concursal argentino con el fin de modernizar y agilizar los procesos, proporcionando herramientas tanto a deudores como a acreedores para enfrentar situaciones de insolvencia de manera más efectiva y equitativa. Este curso proporciona a los estudiantes un profundo conocimiento sobre los fundamentos, procedimientos y jurisprudencia relacionados con los concursos y quiebras en Argentina, cubriendo aspectos clave como la declaración de quiebra, la administración de los activos del deudor, los derechos de los acreedores y las acciones de rescisión, entre otros temas esenciales para comprender y aplicar la Ley 26.994 en la práctica legal.
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La quiebra
Curso de concursos y quiebras
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El fuero de atracción es una figura jurídica de orden público cuya función es reglar en forma excepcional la competencia, con el objeto de materializar el principio de universalidad.

En el artículo 21 de la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ,) se regulan los juicios contra el concursado y se establecen los siguientes efectos generales y excepciones, que luego veremos. En sí, la regla general es la siguiente:

  • Suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial por causa o título anterior.
  • Fuero de atracción al juzgado concursal.
  • Prohibición de interponer nuevas acciones con fundamento en causa o títulos anteriores a la presentación, salvo el supuesto de acciones laborales.

¿Desde cuándo se desencadenan los efectos del fuero de atracción? Los efectos en el concurso preventivo comienzan desde la publicación de edictos, mientras que en la quiebra se producen con la declaración de la quiebra.

Radicación de acciones. Principio general

El principio general asentado en la ley concursal en el artículo 21 de la LCQ es que “todas las causas de contenido patrimonial o título anterior a la presentación concursal, deben radicarse ante el juzgado concursal” (por ejemplo, los procesos ejecutivos). Sin embargo, este desplazamiento en la competencia originaria sufre importantes excepciones, a tal punto que se llegó a decir que por esta vía se ha vaciado de contenido el instituto mismo.

Excepciones Las excepciones al fuero de atracción están previstas en el artículo 21 de la LCQ, el que dispone:

  • a) Procesos de expropiación, ya sea que se tramiten ante la Justicia federal o ante la Justicia ordinaria.
  • b) Juicios fundados en las relaciones de familia: la acción de divorcio, el juicio de adopción, el de reconocimiento o impugnación de filiación, la rendición de cuentas por razones familiares, los juicios fundados en la legítima, etcétera. También el juicio de alimentos y el proceso de liquidación de la sociedad conyugal (el síndico no puede iniciar un incidente de liquidación de sociedad conyugal en el concurso).
  • c) Procesos de conocimiento en trámite y los juicios laborales: estos procesos pueden continuarse según la opción del actor y luego de obtenida la sentencia, se podrá verificar en los términos del artículo 56 de la LCQ, o bien suspender el procedimiento y verificar en los términos del artículo 32 de la LCQ.
  • d) Procesos en los que el concursado sea parte de un litisconsorcio pasivo necesario.

Ejecuciones hipotecarias y prendarias:

Otra excepción al fuero de atracción en el concurso preventivo son las ejecuciones de garantías reales. En este caso, el proceso de ejecución continúa ante el juez originario y la cosa asiento del privilegio podrá
ejecutarse si el acreedor hubiera presentado el pedido de verificación del crédito y su privilegio ante el juez concursal. En cambio, en la quiebra, según el artículo 132 de LCQ, las ejecuciones con garantías reales sí quedan atrapadas en el proceso falencial y se ejecutarán por la vía del concurso especial, previsto en el artículo 209 de la LCQ. Esta es una diferencia entre ambos procesos.

Juicios laborales

Tal como se ha señalado, el artículo 21 de la LCQ, en su inciso segundo, establece que quedan exceptuados del fuero de atracción los procesos de conocimiento en trámite, incluido los laborales. Ahora bien, estos pueden optar por continuar la tramitación del proceso ante el juez extraconcursal, o bien suspender el proceso y procurar la verificación del crédito ante el juez del concurso, de acuerdo con las previsiones del artículo 32 y sus concordantes. Asimismo, los acreedores laborales, además de estas dos opciones (continuar el proceso ante el juez natural o verificar en el proceso concursal), pueden comenzar (por causa o título anterior a la presentación) una acción laboral aunque no la hubieran iniciado con anterioridad a la
presentación concursal, o bien pueden recurrir también al pronto pago (cuya concesión conlleva el reconocimiento de la calidad de acreedor concurrente) y, en caso de serles negada tal posibilidad, pueden
demandar de nuevo en sede laboral.

Pronto pago

El artículo 16 regula el instituto del pronto pago, que es la vía especial que poseen los trabajadores para hacer efectivos anticipadamente sus créditos laborales, en razón del carácter alimentario de tales acreencias. En otras palabras, se trata de una tutela legal diferenciada destinada a que el trabajador cobre su crédito y permite que los acreedores laborales no se vean forzados, en razón del carácter alimentario de sus créditos, a esperar el trámite completo de la quiebra o el concurso preventivo para efectivizarlos, es decir, que se está en presencia de un especial mecanismo instituido para la rápida cancelación de los créditos laborales.
De esta manera, como el derecho de pronto pago se manifiesta como una vía alternativa o sui generis de insinuación de créditos en el concurso, no requiere verificación ni sentencia previa. Esto es, se alcanza la categoría de acreedor concursal por esta vía excepcional o sumaria. A partir de la reforma de 2006, a través
de la Ley N.° 26086 que reforma la Ley N.° 24522, se distingue:

1) Pronto pago oficioso o automático: para que proceda, el magistrado debe encontrarse frente a remuneraciones que le sean debidas al dependiente del concursado en razón de la relación laboral habida
entre las partes, corroboradas por la sindicatura a través del informe que debe prestar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14, inciso 11, de la LCQ. Así, presentado el informe respecto del pasivo laboral denunciado por el concursado y un dictamen, previa auditoría contable, sobre la existencia de otro pasivo laboral que pueda ser objeto de pronto pago, el juez dentro de los diez días autorizará de oficio el pronto pago de aquellos créditos laborales denunciados por el concursado y aquellos no incluidos, respecto de los que el órgano sindical haya informado y aconsejado la viabilidad, siempre que fuesen de los incluidos en la nómina del artículo 16 de la LCQ y que sean privilegiados.

2) Pronto pago dispositivo o a instancia de parte interesada: si el acreedor laboral fue omitido en el listado sindical y el crédito laboral reúne los recaudos de ser uno del créditos enumerados en el artículo 16 de la LCQ y goza de privilegio general o especial, el acreedor podrá pedir su inclusión sin necesidad de verificación previa del crédito y sin tener que contar con una sentencia dictada en un juicio laboral de pleno conocimiento. Efectuada la solicitud, se debe correr vista al síndico y al concursado para que opinen al respecto, luego de lo cual el juez estará en condiciones de resolver.

El artículo 16 de la LCQ prevé taxativamente cuáles son las únicas razones por las que el juez concursal puede rechazar total o parcialmente un pedido de pronto pago. Estas causales son: a) créditos de origen o legitimidad dudosos; b) créditos controvertidos y c) connivencia dolosa entre el peticionario y el concursado. La ley concursal, en su artículo 16 de la LCQ, refiere que en todos los casos la resolución es apelable.

De esta manera, de configurarse alguna de las causales previstas de rechazo, el juez dictará una resolución denegatoria de la pretensión del acreedor. En tal supuesto, el acreedor quedará habilitado para “iniciar o continuar el juicio de conocimiento laboral por ante el juez natural” o bien, apelar dicho resolutorio. Por su parte, el concursado, sólo podrá apelar en aquellos casos en los cuales la resolución que admita el pronto pago vaya más allá de lo denunciado en la presentación del art. 11, inciso 5 de la LCQ, que concede un mejor derecho.

 

Continuación de acciones

Los procesos excluidos del fuero de atracción (ver el art. 21 de la LCQ), luego de obtenida la sentencia, deben igualmente verificarse ante el juez del concurso. En este marco, el artículo 56 de la LCQ prevé que la
sentencia emanada en el juicio de conocimiento no atraído y continuado debe ser objeto de verificación, pues vale como título verificatorio, o sea, como título que habilita la verificación. De tal modo, el acreedor que transitó por otro tribunal distinto al concursal, puede verificar su acreencia en el concurso hasta un plazo máximo de seis meses desde que quedó firme la sentencia, lo que no se considera tardía dicha verificación, es a los fines de las costas. Es por ello que a esta vía de insinuación se la denomina verificación tardía sin costas. En orden al plazo de los seis meses, la doctrina se divide: para algunos se trata de un plazo de prescripción; para otros, de caducidad.

Contratos con prestaciones recíprocas pendientes

El artículo 20 de la LCQ establece que el deudor está habilitado para optar por la rescisión o continuación de los contratos con prestaciones recíprocas, según su trascendencia para el normal desarrollo de la empresa. Si solo el concursado tiene que cumplir sus prestaciones y la contraparte ya efectuó la suya, al acreedor únicamente le resta verificar su crédito; por otro lado, si el concursado ya ejecutó su prestación, debe exigir del tercero por la vía ordinaria que cumpla la que corresponde. Las prestaciones que el tercero cumpla después de la presentación en concurso preventivo, y previo cumplimiento de lo dispuesto en este precepto, gozan del privilegio previsto por el artículo 240 de la LCQ.

Finalmente, ante la falta de decisión del deudor concursado de ejercer la opción continuativa, el tercero contratante in bonis tiene la posibilidad de elegir el cumplimiento o resolver el vínculo contractual cuando no se le hubiere comunicado la decisión de continuarlo, luego de los treinta días de abierto el concurso. Debe notificar al deudor y al síndico. Para Roitman (2005), la locación de cosas se encuentra, justamente, dentro de los contratos de tracto sucesivo, y más precisamente, como un contrato conformado de varias prestaciones, que se cumplen en el tiempo en forma intermitente; no obstante, las interpretaciones no son pacíficas en la materia.  

En relación con la caducidad del plazo en el concurso preventivo, el Código Civil y Comercial (CCCN), en el artículo 353, prescribe: “la apertura del concurso del obligado al pago no hace caducar el plazo, sin perjuicio del derecho del acreedor a verificar su crédito, y a todas las consecuencias previstas en la legislación concursal”

Esta norma generó profusa doctrina, la que (en “prieta síntesis”), por una parte, postula que la presentación en concurso del deudor no acarrea la caducidad de los plazos, mientras que otro sector boga por la caducidad automática de aquellos. Así, en comentario al mentado precepto, se expusieron tesis antagónicas: una que sostiene que no caducan los plazos por la apertura del concurso preventivo; la otra que
entiende que se provoca la caducidad del plazo de las obligaciones en el concurso preventivo (Graziabile, 2001).

 

Contratos de trabajo: La Ley N.° 266844 derogó todo el sistema referido a los contratos de trabajo y la suspensión de los convenios colectivos de trabajo y eliminó los párrafos 4, 5, 6 y 7 del artículo 20 de la LCQ.

 

Servicios públicos El artículo 20 de la LCQ prevé que no pueden suspenderse los servicios públicos que se presten al deudor por deudas con origen en fecha anterior a la de la apertura del concurso; por el contrario, los prestados con posterioridad deben abonarse a sus respectivos vencimientos y pueden suspenderse en caso de incumplimiento, mediante el procedimiento previsto en las normas que rigen sus respectivas prestaciones. Asimismo, el mencionado artículo prevé que en caso de liquidación en la quiebra, los créditos que se generen por las prestaciones mencionadas gozan de la preferencia establecida por el art. 240.

 

 

 

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