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El concurso preventivo
El curso de Concursos y Quiebras en Argentina, bajo el marco de la Ley 26.994, es un componente esencial en la formación de juristas especializados en el ámbito del derecho comercial. Esta disciplina se centra en la regulación de los procedimientos destinados a resolver situaciones de insolvencia empresarial, ya sea a través de la reestructuración de la empresa en crisis o de su liquidación ordenada. La Ley 26.994, promulgada en 2013, introduce importantes reformas al régimen concursal argentino con el fin de modernizar y agilizar los procesos, proporcionando herramientas tanto a deudores como a acreedores para enfrentar situaciones de insolvencia de manera más efectiva y equitativa. Este curso proporciona a los estudiantes un profundo conocimiento sobre los fundamentos, procedimientos y jurisprudencia relacionados con los concursos y quiebras en Argentina, cubriendo aspectos clave como la declaración de quiebra, la administración de los activos del deudor, los derechos de los acreedores y las acciones de rescisión, entre otros temas esenciales para comprender y aplicar la Ley 26.994 en la práctica legal.
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La quiebra
Curso de concursos y quiebras
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Derecho concursal.

El derecho concursal es un conjunto de normas jurídicas que tienen por objetivo el tratamiento integral de las situaciones de insolvencia; además, brinda soluciones preventivas, consensuadas entre el deudor y los acreedores, o liquidativas de la totalidad del patrimonio del cesante.

A partir de agosto de 2015, comienza a regir el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN) con grandes cambios en las diferentes materias por él regladas, despertó fervorosas críticas por un lado, y encomios por otro, con rasgos salientes de desnormatización y con mayor preeminencia de la figura del magistrado en su rol de director del proceso. La falta de una mención expresa en el novísimo cuerpo legal a la legislación concursal como objeto de modificación parece minimizar los puntos de contacto existentes y su trascendencia. Se pueden mencionar algunas de las principales influencias del código unificado a la legislación concursal:

En orden a los sujetos concursales: se producen algunas modificaciones en algunos sujetos concursales. Así, a) se ratifica la calidad de sujeto concursal de la masa indivisa (art. 2360 del CCCN), ya contemplado en el artículo 2 inc. 1, de la Ley de Concursos y Quiebras; b) se establece el consorcio de propietarios como personas jurídicas privadas (art. 148, inc. h, del CCCN) y, por lo tanto, son sujetos pasibles de concursamiento; c) las simples asociaciones civiles, contempladas en los artículos 187 a 192 del CCCN, son también reconocidas como personas jurídicas privadas (art. 148, inc. c, del CCCN) y, por lo tanto, tienen aptitud para ser sujetos deudores de los
procedimientos regulados en la ley concursal; d) las sociedades anónimas unipersonales (SAU) también deben ser incluidas dentro de la enumeración del artículo 2 de la Ley de Concursos y Quiebras.

Bienes excluidos del desapoderamiento: también se producen algunas modificaciones en relación con la inejecutabilidad de la vivienda individual protegida y la pérdida de legitimación del síndico (arts. 248 y 249 del CCCN, in fine). Asimismo, se excluyen de los bienes desapoderados y ejecutables en la quiebra a los frutos de los bienes de los hijos del fallido, porque ya no son del padre (art. 698 del CCCN).

Régimen matrimonial patrimonial de comunidad o el de separación de bienes (art. 446, inc. d, y art. 463 del CCCN) y la solidaridad de deudas domésticas: la existencia de un doble régimen matrimonial patrimonial de comunidad o de separación de bienes determinará la existencia de deudores unidos en matrimonio por uno u otro régimen. En ninguno de los dos, como regla, el cónyuge responde por las deudas del otro. Ahora bien, cualquiera sea el régimen, los acreedores titulares de las deudas domésticas pueden presentarse al concurso a verificar su crédito, sea o no la contratante la persona concursada o fallida.

Efectos sobre obligaciones y contratos: a) no caducidad de los plazos por presentación en concurso preventivo (art. 353 del CCCN); b) exigencia de fecha cierta para la oponibilidad de los boletos de compraventa en concurso o quiebra (art. 1171 del CCCN y art. 146 de la LCQ); c) la regla consagrada en el artículo 147 de la Ley de Concursos y Quiebras parece haber tenido su eco en el nuevo código a la luz de las disposiciones específicas de los contratos, en particular de la cuenta corriente bancaria (art. 1404, inc. b, del CCCN), la cuenta corriente (1441, inc. a, del CCCN), la agencia (art. 1494, inc. c, del CCCN) y la concesión (art. 1509 del CCCN); d) en materia de compensación, el CCCN remite a la Ley de Concursos y Quiebras y consagra, en paralelo, la prohibición prevista en el artículo 130 de la Ley N.° 24522 en el artículo 930, inciso f; e) extinción del poder por quiebra (art. 380 del CCCN).

Efectos personales de la quiebra: a) prohibición del fallido para ser tutor, apoyo o curador (art. 110, inc. b, del CCCN); b) el fallido pierde la administración de los bienes de sus hijos (art. 694 del CCCN); c) la incorporación de la quiebra como causal de disolución de la persona jurídica privada (art. 163, inciso e, del CCCN).

Privilegios: en un claro intento de unificación, en su artículo 25793, el CCCN expresa: “en los procesos universales los privilegios se rigen por la ley aplicable a los concursos, exista o no cesación de pagos”.
[3] Art. 2579, Ley N.° 26994. (2014). Código Civil y Comercial de la Nación. Honorable Congreso de la Nación.

Clases de procedimientos concursales:
En nuestra legislación concursal, se encuentran varios procedimientos concursales, entre los principales se tienen la quiebra y el concurso preventivo, los que presentan fundamentales diferencias. Veamos sus
particularidades.

Concurso preventivo:
En el concurso preventivo, el deudor procura llegar a un acuerdo con la mayoría de sus acreedores para así homologarlo judicialmente. Es un procedimiento rehabilitatorio que busca superar la crisis patrimonial a través de una renegociación de las condiciones originarias de contratación entre el deudor y el acreedor mediante propuestas que se hacen a la generalidad de los acreedores. Aprobado el acuerdo en forma mayoritaria, este se impone incluso a quienes no adhirieron a la propuesta; caso contrario, deberá declararse
la quiebra como principio general. Como asesor de la empresa, podrías argumentar que la reorganización de empresas que tienen dificultades
cuenta con mecanismos tanto formales como informales. Podrías mencionar las ventajas y las desventajas de cada uno para que tu cliente pueda evaluarlos. Por ejemplo, entre los segundos, las ventajas son la informalidad, rapidez, economía y discreción pero a su vez carecen de los efectos del concurso preventivo como por ejemplo la interrupción del curso de los intereses de las deudas. Por otro lado, los primeros son más lentos y formales en general, de repercusión pública y onerosidad de los procesos judiciales.

Quiebra
En cambio, el proceso de quiebra tiene el fin inmediato de liquidar todos los bienes que componen el patrimonio cesante para, de esa forma, repartir el producido entre los acreedores. En este proceso, el deudor queda desplazado de la administración y de la disposición de sus bienes (salvo los bienes inembargables) y se entrega al síndico el control sobre ellos. Por ello, podrías optar por no recomendarlo en primera instancia, ya que es un proceso destinado a la liquidación, lo que implicará el desapoderamiento de todos los bienes que la empresa posee a los efectos de saldar la deuda, es decir, mediante la realización del activo cancelar el pasivo.

Principios rectores de la legislación concursal
Los principios son ideas directrices o pautas generales de valoración que sirven u orientan las soluciones legislativas, además de tener una función de interpretación e integración del ordenamiento concursal.
Finalmente, se puede decir que actúan como vallas de contención y evitan que las soluciones de otras ramas jurídicas prevalezcan sobre las propias.

  • Conservación de la empresa Recién en el siglo XX fue cuando comenzó a valorarse la empresa, al visualizarla como una unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, lo que provocó que se regularan diversas clases de procesos preventivos que anteceden a la liquidación y que buscan su salvataje. En consecuencia, la ley concursal intenta que la empresa se preserve, pues es el corazón de toda organización económica. 
    Protección del crédito Es otro de los principios fundamentales del derecho concursal, a tal punto que la Ley N.° 19551 (Ley de Concursos y Quiebras, promulgada en 1972 por el Honorable Congreso de la Nación, actualmente abrogada por la Ley N.° 24522) lo mencionaba en primer lugar. Sin dudas es así, pues sin este desaparecería la posibilidad de que el empresario obtenga los fondos necesarios para financiar por lo menos parte de su estrategia comercial. Lo contrario haría desaparecer el crédito y, por consiguiente, dejaría de existir el
    sistema económico vigente. Por ello, se debe asegurar una rápida liquidación del crédito y el reembolso al acreedor. En otras palabras, además del principio de conservación de la empresa, no debemos dejar de lado el origen de los procesos liquidatarios que es la satisfacción de los acreedores de la manera más igualitaria posible. A través de los distintos procesos, se busca aplicar una justicia distributiva ante los distintos intereses en juego: los del deudor concursado, los de los acreedores, los de la empresa insolvente.

Rasgos distintivos del proceso concursal Resultan de fundamental importancia los principios que informan el proceso concursal y que le otorgan sus características particulares. Estos principios jurídicos clásicos que iluminan el derecho concursal fueron
analizados en reiteradas oportunidades por la doctrina y son la universalidad, la unicidad, la concursabilidad, la oficiosidad y la pars condicio creditorum o igualdad de acreedores.

Universalidad El artículo 1 de la Ley de Concursos y Quiebras establece el principio de universalidad patrimonial, que tiene
efectos tanto en la faz activa como en la pasiva. Faz objetiva: Desde el punto de vista objetivo, dicho principio se proyecta en relación a todos los bienes del deudor, no sólo a los que cayeron bajo el efecto del desapoderamiento, sino también a los bienes que pueden llegar a
recuperarse a través de las acciones de recomposición patrimonial, con excepción de los inembargables. Faz subjetiva: La universalidad implica que la totalidad de las deudas del deudor son convocadas a que concurran al proceso a hacer valer sus derechos mediante la aplicación de la ley concursal, como lo ordenan los artículos 32 y 126 de la LCQ.

Unicidad: Este principio supone que no pueden coexistir dos o más procesos universales sobre un único patrimonio, o al menos dentro del mismo territorio nacional. Esta noción se complementa con la necesidad de que haya un juez único y el fuero de atracción que permita atraer las acciones patrimoniales ejercidas por los acreedores
contra el deudor. En una palabra, este principio implica que, para cada concurso, en sentido amplio, existe un único procedimiento en donde se ventilan todas las cuestiones relacionadas, a manera de una suerte de contienda material. En el caso concreto, si se da inicio a un proceso concursal, será ese y no otro, como regla general, el que atraerá los demás juicios de concursado. Por otro lado, el proceso será único, tal como el patrimonio de la empresa.

Oficiosidad Otro eje central del proceso concursal es la actuación de los órganos del concurso para que lo impulsen de oficio, sin que su actuación se halle subordinada al impulso de partes, salvo al comienzo del proceso. La dirección del proceso es una atribución fundamental del juez, conforme lo dispone el artículo 274 de la LCQ. Así, se encuentra imbuido de amplias facultades procesales en cuanto que está llamado a impulsarlo hasta su total culminación, a la vez que cuenta con facultades inquisitivas tendientes a conocer la real situación patrimonial del deudor y las razones que pudieron haberlo conducido a su cesación de pagos, como también sobre el destino de los bienes que debieron existir al tiempo de ser declarada la quiebra. Por ejemplo, si nuestra empresa se presenta a concurso, el juez que entienda en esa causa podrá o no reconocer los créditos que él estime improcedentes, aunque estos no hubiesen sido cuestionados por el deudor.

Colectividad Todos los acreedores de título o causa anterior a la presentación del procedimiento concursal deben promover la verificación para hacer valer sus créditos en el proceso; caso contrario, quedarán excluidos del pasivo concursal. 

Igualdad El principio de igualdad de trato entre todos los acreedores (también llamado pars condicio creditorum) es la máxima garantía del derecho de los acreedores. Esta regla jurídica significa que todos los acreedores deberán soportar igualitariamente el efecto del acuerdo preventivo o resolutorio homologado, y dar las mismas quitas, esperas u otras estipulaciones al deudor común; y en la quiebra, participan pari passu en la distribución del producido de la liquidación de los bienes del deudor común, y cuando esa liquidación sea insuficiente para atender a la totalidad de los créditos, se repartirá a prorrata. 

 

Reglas procesales

Incidentes:

El artículo 273 de la Ley de Concursos y Quiebras diseña una nómina de reglas procedimentales generales aplicables a todo el proceso concursal y a sus incidentes, las cuales rigen en plenitud, salvo disposición especial en contrario de la misma ley concursal. Esa enumeración de ningún modo agota el repertorio de principios y reglas procesales existentes, las que se hayan diseminadas a lo largo de todo el articulado de la ley. Las características del ordenamiento concursal tienden a que este se baste a sí mismo, es decir, que sea autosuficiente.

1. Perentoriedad de los plazos: El inciso 1 del artículo 273 dispone que todos los términos son perentorios y comprenden cinco días, salvo la existencia de un plazo distinto. La perentoriedad de los plazos implica que su mero vencimiento imposibilita fatalmente la futura producción del acto del que se trate. Dicho de otro modo, “el acto no cumplido en término no puede ser cumplido después”.

2. Cómputo de los plazos: Se computan exclusivamente los días hábiles judiciales, tal como lo establece el inciso 2 del artículo 273, salvo excepción legal expresa en contrario en la misma ley de quiebra, como por ejemplo, en los artículos 190, 144 y 196, entre otros supuestos.
3. Inapelabilidad (inc. 3 del art. 273) Se aplica indistintamente al concurso preventivo y a la quiebra. Su inclusión apunta a impedir la celeridad y la agilidad de los trámites concursales. Algunas de las hipótesis en las que la ley ha previsto expresamente las excepciones son: la decisión que rechaza la petición de concurso preventivo (art. 13 de la LCQ); la admisión y la denegatoria del pronto pago laboral (art. 16 de la LCQ); la separación de la administración en el concurso
(por el deudor con efecto devolutivo y si se deniega, puede apelar el síndico) (art. 17 de la LCQ); etcétera. Finalmente, cabe consignar que, en caso de ser admitida la apelación, se concede en relación y con efecto suspensivo, de acuerdo con la previsión legal contenida en el inciso 4 del artículo 273.

4. Sistema de notificaciones: La citación a las partes se hace por cédula y las restantes notificaciones son automáticas, esto es, por nota
o de acuerdo con lo que disponga el código procesal de la provincia (art. 273, inc. 5, de la LCQ). Sin embargo, el juez concursal, en uso de las facultades instructorias, puede ordenar la notificación personal o por cédula.

5. Domicilio procesal: El inciso 6 del artículo 273 establece que el domicilio constituido subsiste hasta que se constituya otro o por
resolución firme quede concluido el concurso. 
6. Gastos del concurso: Diferimiento de pago: el inc. 8º del artículo 273, dispone que en el concurso, las transcripciones y anotaciones registrales y de otro carácter que resulten imprescindibles para la protección de la integridad del patrimonio del deudor son hechas sin pago previo de tasas, sino que se difieren al momento de la
conclusión del proceso concursal.

7. Carga de la prueba, Normas comunes: el inciso 9 dispone que la carga de la prueba en cuestiones contradictorias se rige por las
normas comunes.
8. Actuación del Ministerio Público: El artículo 276 de la LCQ contempla la actuación del Ministerio Público en el concurso, al establecer que es parte en la alzada en los supuestos de impugnación del acuerdo preventivo (art. 51). En los trámites ante la alzada, se le deberá dar vista en las quiebras cuando se hubiera concedido un recurso en el que sea parte el síndico.

9. Perención de instancia: La regulación contenida en el artículo 277 impide la conclusión del proceso concursal abierto (concurso
preventivo o quiebra) por perención de la instancia y dispone que la perención se opere a los tres meses en las demás actuaciones.
10. Leyes procesales locales: El artículo 278 prevé la aplicación subsidiaria de las normas procesales de la ley del lugar del juicio que sean compatibles con la rapidez y economía del trámite concursal. Es decir; por ejemplo si el concurso se diera en Córdoba todo lo que no esté previsto en la ley, se aplicaría el Código de Procedimiento de la Provincia de Córdoba (Ley N.° 8465).

11. Legajo de copias: El artículo 279 legisla sobre el legajo de copias destinado a la consulta de las constancias del expediente, que se forma con copia de todas las actuaciones fundamentales del juicio y las previstas especialmente por la ley concursal. Dicho legajo debe estar permanentemente a disposición de los interesados en secretaría.

Incidentes: 
Los arts. 280 a 287 estructuraron un procedimiento tipo a través del cual se encauza toda cuestión que tenga relación con el concurso y que, a su vez, no tenga un trámite especial. Así, se canalizan por esta vía las verificaciones tardías y los incidentes de revisión.

1-El trámite está previsto en el artículo 281: con la demanda, se debe ofrecer toda la prueba.

2-Admitido el incidente, se corre el traslado por diez días, el que se notifica por cédula, y quien conteste, debe también ofrecer toda la prueba y agregar la documental.

3-El término máximo de prueba será de 20 días, el que podría ser menor de acuerdo con la prueba ofrecida. Las partes son las encargadas de urgir el diligenciamiento de estas. A su vez, el artículo 283 fija una directiva respecto a la prueba pericial: solo un perito puede actuar, salvo que la cuestión sea complicada, en cuyo caso se pueden designar tres.

El artículo 284 limita el número de testigos a cinco por parte, salvo complejidad de la causa, en donde se admite un número mayor. Se acepta el recurso de apelación solo respecto de la resolución que pone fin al incidente.

En relación con las otras cuestiones que se plantearán en el expediente, pueden ser subsanadas por el Tribunal de Alzada, siempre que se haya formulado reserva en su oportunidad y se haya manifestado la disconformidad, pues, de lo contrario, el acto procesal se habrá consentido.

Presupuestos de acceso a los concursos

Se hace referencia a dos presupuestos esenciales para la apertura de los procesos concursales:

A)presupuesto objetivo (cesación de pagos);

b) presupuesto subjetivo (sujetos concursales).

-En la cesación de pagos, es aceptado pacíficamente que crisis e insolvencia revelan dos etapas endémicas claramente determinadas por las que puede atravesar una unidad productiva en el despliegue ordinario de su giro comercial, pese a que no son términos equivalentes. La insolvencia, como patología empresarial, está
emparentada con la expresión cesación de pagos y, para la doctrina nacional, ambas denominaciones tienen
idéntica significación. La generalidad es uno de los rasgos tipificantes del presupuesto objetivo concursal, el cual hace referencia
a la impotencia del patrimonio del deudor en su conjunto para hacer frente a las obligaciones asumidas. El otro rasgo tipificante del estado de cesación de pagos es la permanencia, por oposición a la transitoriedad. Sin embargo, esta cualidad no se la debe identificar con perpetuidad ni con situaciones de dificultades económicas financieras temporales. El estado de cesación de pagos es el presupuesto objetivo de los procesos concursales que, en algunos supuestos, se ve morigerado: a) el acuerdo preventivo extrajudicial
(APE); b) el concurso de agrupamiento (art. 66 de la LCQ); c) quiebra declarada con apoyo en sentencia concursal extranjera (art. 4, primer párrafo, de la LCQ); d) extensión de quiebra (art. 160 y ss.).

Rouillon (2003) sostiene que ese estado de cesación de pagos, para funcionar como presupuesto objetivo del proceso concursal, debe manifestarse a través de signos visibles. Se clasifican en las siguientes clases:

A) Hechos de manifestación directa: reconocimiento expreso o implícito, judicial o extrajudicial, etcétera.
B) Hechos de manifestación indirecta: cuando se evita revelarse abiertamente como insolvente, ya sean medios dilatorios (como constitución de hipotecas, prendas) o ruinosos (venta a precio irrisorio) y fraudulentos (malversación de fondos).

-Se sugiere revisar los artículos 78 y 79 de la LCQ-

Sujetos
Análisis del Código Civil y Comercial: El artículo 2 de la LCQ da el puntapié para analizar los sujetos concursables:
a) El principio general respecto de las personas de existencia física, sin distinción entre comerciantes o no comerciantes.
b) Una excepción al principio de personalidad jurídica que rige respecto de los concursables es el artículo 2, segundo párrafo, que establece la posibilidad de que el patrimonio del fallecido mientras se mantenga separado de los sucesores puede concursarse.
A su vez, el artículo 8 de la LCQ estipula la posibilidad de que cualquiera de los herederos solicite la formación del concurso, pero tal pedido debe ser ratificado por la totalidad de los herederos en el plazo de 30 días, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido. Asimismo, el artículo 2360 del Código Civil y Comercial hace referencia a la posibilidad de declarar en concurso preventivo o en quiebra a la masa indivisa insolvente.

c) El artículo 8 establece la posibilidad que los incapaces e inhabilitados soliciten la formación de concurso, pedido que deberá ser ratificado por el juez de la tutela, curatela o el juez competente.
d) Deudores domiciliados en el extranjero respecto de los bienes existentes en el país (art. 2, segundo párr.). Esta es una norma de jurisdicción de derecho internacional privado.
e) El concurso puede solicitarse por apoderado, que ha de ser abogado matriculado y debe tener la facultad especial para solicitar el concurso (art. 9).

f) Las personas jurídicas pueden concursarse, entre otras:
a) De carácter privado: asociaciones, fundaciones y las sociedades comerciales. 
b) Las asociaciones mutuales: la Ley N.° 253744 cambió el artículo 37 de la Ley N.° 20321, lo que permitió el acceso al proceso concursal. La falta de adecuación del texto del artículo 2 de la Ley N.° 24522 no impide entender la inclusión de estas como sujetos concursables.
[4] Ley 25374. (2000). Honorable Congreso de la Nación.
c) De carácter público: sociedades del Estado nacional, provincial o municipal, cualquiera sea el porcentaje de su participación; por ejemplo: sociedades del Estado, sociedades de economía mixta,
sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, etcétera.

El Código Civil y Comercial de la Nación y los nuevos sujetos concursables:

1) El consorcio de propietarios: el reconocimiento por el artículo 148 del Código Civil y Comercial a los consorcios de copropietarios como personas jurídicas privadas (inc. h) supone que deba admitirse su concursabilidad, más allá de algunos problemas prácticos, sobre todo en caso de quiebra.
2) Las simples asociaciones: el Código Civil y Comercial regula, en los artículos 187 a 192, las “simples asociaciones”, entidades que pueden ser constituidas por escritura pública o por instrumento certificado con firma certificada por notario. Si bien se establecen normas específicas para el supuesto de insolvencia de las simples asociaciones, al tratarse de personas jurídicas privadas (art. 148, inc. C), deben ser incluidas dentro de los sujetos comprendidos en el artículo 2 de la normativa concursal.

3) Las sociedades anónimas unipersonales: por otra parte, cabe hacer referencia a la SAU. Se trata de una persona jurídica de carácter privado que posee un patrimonio propio y encuentra su regulación en la legislación societaria. El hecho de que esté conformada por un solo miembro no obsta a que no se trate de un sujeto concursable, y, por lo tanto, puede requerir su propio concurso preventivo, ser declarada en quiebra o, en su caso, requerir el acuerdo preventivo extrajudicial previsto por los artículos 69 y subsiguientes de la ley concursal.
4) El fideicomiso: por su parte, el artículo 1687 del código unificado establece, en el último párrafo, que si los bienes del fideicomiso son insuficientes para pagar las obligaciones exigibles de este, el patrimonio fiduciario no puede ser incluido en un proceso concursal. Ante la situación de cesación de pagos o insuficiencia de bienes, el contrato puede prever que el fiduciante o beneficiario provea los recursos para zanjar la situación de insuficiencia financiera. Si no existiera tal previsión contractual o si fracasara este recurso, el fiduciario deberá pedir la liquidación judicial. El juez determinará el procedimiento aplicable sobre la base de las normas previstas por los concursos y quiebras. De este modo, se procede a la liquidación judicial del fideicomiso ante el juez concursal, que fijará el procedimiento según las normas concursales, en lo que estime oportuno.

Sujetos excluidos de la LCQ:

  • Compañías de seguros: el artículo 51 de la Ley N.° 200915 establece un sistema especial de liquidación forzosa de estas. No pueden concursarse ni ser declaradas en quiebra bajo el sistema de la Ley N.° 24522 LCQ. [5] Ley 20.091. (1973). Ley de entidades de seguros y su control. Poder Ejecutivo de la Nación.
  • Entidades financieras: estas no pueden acceder al concurso preventivo. Prevén un sistema especial de liquidación (art. 48, de la Ley N.° 21526 de Entidades Financieras). El pedido de quiebra lo puede hacer el liquidador forzoso, cuando advierte que la entidad se encuentra en estado de cesación de pagos, o pueden hacerlo los terceros después de los 60 días de la revocación de la autorización para funcionar por parte del Banco Central de la República Argentina.
  • Las uniones transitorias de empresas (art. 1463 del CCCN), agrupaciones de colaboración empresarias (art. 1453 del CCCN) y los consorcios de cooperación (art. 1470 del CCCN) no pueden solicitar el concurso o la quiebra, pues no son sujetos de derecho y, en su caso, el contrato de creación de estos prevé la manera de saldar las deudas.

El Juez concursal

Competencia: La competencia efectiviza uno de los principios fundamentales del derecho constitucional, el de juez natural. El artículo 3 de la LCQ plantea lo siguiente:
a) Personas de existencia visibles: interviene el juez del lugar de la sede de la administración de sus negocios y, en subsidio, rige el lugar del domicilio real del deudor. En el caso de varias administraciones, entiende el juez de la sede de la administración del establecimiento principal y, en subsidio, el juez que ha prevenido: es el que primero abrió el concurso, no ante el primero que se hubiere solicitado.

b) Personas de existencia ideal: el artículo 3 inc. 36, de la LCQ establece que las personas de existencia ideal de “carácter privado regularmente constituidas, y las sociedades en que el Estado Nacional, Provincial o Municipal sea parte ‐con las exclusiones previstas en el Artículo 2‐ entiende el juez del lugar del domicilio”. Para las corporaciones, los establecimientos y las asociaciones, es el determinado en los estatutos o en la autorización otorgada por el Estado. En su defecto, donde se halle la administración de la persona.

Para las sociedades comerciales, es el domicilio de la sociedad que se encuentra inscripto en el Registro de Comercio y subsiste en tanto no sea modificado, lo que también requiere inscripción. Para los deudores con domicilio en el exterior, se establece un orden de prioridad (art. 3, inc. 5):
1) lugar de la administración; 2) el lugar del establecimiento. Este inciso regula la competencia del juez argentino ante la insolvencia transfronteriza, interna en materia concursal. En cambio, el artículo 2 inc. 27, establece que “los deudores domiciliados en el extranjero respecto de bienes existentes en el país”. Esta norma establece el criterio atributivo de jurisdicción internacional.

Finalmente, es importante señalar que el juez concursal es competente también para la liquidación judicial del fideicomiso (art. 1687 del CCCN) y, en el caso de que se haya declarado el concurso o la quiebra de uno de los cónyuges, el juez concursal es competente en la liquidación del régimen patrimonial del matrimonio (art. 717 del CCCN)

Atribuciones y deberes: En el artículo 274 de la LCQ y a lo largo del articulado, se establecen las atribuciones del juez del concurso,
quien tiene la dirección del proceso y, precisamente, en función de tal prerrogativa, está provisto de poderes oficiosos. Ello se justifica en el carácter inquisitivo y publicístico que caracteriza al proceso concursal.

A su vez, la ley también le fijó deberes y consagra, en el último párrafo del artículo 273, el deber de los jueces y síndicos de respetar rigurosamente los plazos establecidos en la ley. De tal modo, la prolongación injustificada del trámite, puede ser considerada mal desempeño del cargo.

Fuentes:

  • Ley N.° 24522. (1995). Ley de Concursos y Quiebras. Honorable Congreso de la Nación.
  • Ley N.° 26994. (2014). Código Civil y Comercial de la Nación. Honorable Congreso de la Nación.
  • Rouillon, A. (2003). Régimen de concursos y quiebras. Ley 24522 (13.a ed.). Buenos Aires, AR: Astrea.
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