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El concurso preventivo
El curso de Concursos y Quiebras en Argentina, bajo el marco de la Ley 26.994, es un componente esencial en la formación de juristas especializados en el ámbito del derecho comercial. Esta disciplina se centra en la regulación de los procedimientos destinados a resolver situaciones de insolvencia empresarial, ya sea a través de la reestructuración de la empresa en crisis o de su liquidación ordenada. La Ley 26.994, promulgada en 2013, introduce importantes reformas al régimen concursal argentino con el fin de modernizar y agilizar los procesos, proporcionando herramientas tanto a deudores como a acreedores para enfrentar situaciones de insolvencia de manera más efectiva y equitativa. Este curso proporciona a los estudiantes un profundo conocimiento sobre los fundamentos, procedimientos y jurisprudencia relacionados con los concursos y quiebras en Argentina, cubriendo aspectos clave como la declaración de quiebra, la administración de los activos del deudor, los derechos de los acreedores y las acciones de rescisión, entre otros temas esenciales para comprender y aplicar la Ley 26.994 en la práctica legal.
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La quiebra
Curso de concursos y quiebras
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El concurso preventivo: Es un procedimiento rehabilitatorio que busca superar la crisis patrimonial a través de una renegociación de las condiciones originarias de contratación entre deudor y acreedor a través de propuestas que se hacen a la generalidad de acreedores.

Recaudos formales de apertura: 

El artículo 11 de la Ley de Concursos y (LCQ), establece los requisitos de apertura del concurso preventivo. Los requerimientos formales de apertura del concurso preventivo se encuentran encaminados a dar seriedad al pedido formulado por el deudor, son taxativos y no pueden agregarse vía interpretativa; otros no contemplados y la omisión de cualquiera de ellos, lleva al rechazo de la solicitud. Estos están establecidos en el artículo 11 de la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ).

Resolución de apertura:

El contenido de la resolución de apertura está determinado en el artículo 14 de la LCQ y es inapelable. 

ARTICULO 13.- Término. Presentado el pedido o, en su caso, vencido el plazo que acuerde el juez, éste se debe pronunciar dentro del término de CINCO (5) días.

Rechazo. Debe rechazar la petición, cuando:

  • El deudor no sea sujeto susceptible de concurso preventivo,
  • Si no se ha dado cumplimiento al artículo 11,
  • Si se encuentra dentro del período de inhibición que establece el artículo 59,
  • O cuando la causa no sea de su competencia.
  • La resolución es apelable, en caso de rechazo sólo será apelable por el deudor.

Efectos
Los principales efectos que se desencadenan a partir de la resolución de apertura serán desarrolladas a continuación.

  • ¿Desde cuándo se producen los efectos? Una vez abierto el concordato, los efectos se retrotraen a la fecha de presentación del proceso concursal. Este es el principio general, salvo que la ley fije un plazo distinto, por ejemplo: fuero de atracción (art 21 lcq)
  • ¿Hasta cuándo duran? En gran parte, la terminación de los efectos se subordina a lo pactado en el acuerdo homologado. Pero lo cierto es que, hasta tanto no se dicte la resolución de cumplimiento del acuerdo ciertos efectos permanecerán en el tiempo.

Desapoderamiento atenuado:

El concursado mantiene la administración de sus bienes con control de la sindicatura. Sin embargo, deben diferenciarse los actos de administración ordinaria y extraordinaria: para los primeros, no será necesario solicitar autorización judicial, mientras que para los segundos sí.

En la práctica concursal, pueden aparecer -como actos- que exceden la administración ordinaria. Además, el artículo 16 de la LCQ, en su penúltimo párrafo, enumera de manera ejemplificativa algunos de los actos que necesitan autorización judicial.

Es deber del síndico denunciar los actos violatorios de las prohibiciones legales. Hay un control de legalidad de mérito, pues no se inmiscuye en la administración. Para cumplir su función, puede requerir toda la información necesaria del concursado. El deudor tiene que colaborar y brindar toda la información que se le requiera, bajo la sanción del artículo 17.

  • Actos prohibidos El artículo 162, en su primer párrafo de la Ley de Concursos y Quiebras, establece: “El concursado no puede realizar actos a título gratuito o que importen alterar la situación de los acreedores por causa o título anterior a la presentación concursal”. El precepto abarca como actos a título gratuito la donación y todas las liberalidades, haya o no enajenación de dominio. Asimismo, incluye el mutuo gratuito, la fianza gratuita, la donación encubierta o simulada bajo la forma de una compraventa o permuta, el otorgamiento a título gratuito de derechos reales a terceros no acreedores, las renuncias de derechos, la cesión gratuita del beneficio de un seguro de vida o la constitución de un seguro de vida a favor de un tercero, etcétera 
 
  • Actos ineficaces La violación del régimen establecido en el artículo 16 de la LCQ acarrea la ineficacia de pleno derecho de los actos y, además, puede provocar la separación de la administración, o bien designar una veeduría o coadministración. 
 
  • Inhibición general de bienes El inciso 7 del artículo 143 establece que “la inhibición general para disponer y gravar bienes registrables del deudor y, en su caso, los de los socios ilimitadamente responsables, deben ser anotadas en los registros pertinentes”. La inhibición es la medida cautelar que impide a una persona efectuar actos de disposición en relación con los bienes, presentes o futuros, que se encuentren anotados en un determinado registro. Es una medida que procura la desintegración del patrimonio del concursado y que alcanza solo a bienes registrables.
  • Viaje al exterior En el caso bajo análisis, también se le plantea la posibilidad de que el administrador realice viajes al exterior. El asesor le manifiesta que puede hacerlo, pero lo que no aclara es que le debe comunicar al juez sobre su viaje. ARTÍCULO 254.- Viaje al exterior. El concursado y, en su caso, los administradores y socios con responsabilidad ilimitada de la sociedad concursada, no pueden viajar al exterior sin previa comunicación al juez del concurso, haciendo saber el plazo de la ausencia, el que no podrá ser superior a CUARENTA (40) días corridos. En caso de ausencia por plazos mayores, deberá requerir autorización judicial.
  • Intereses Al respecto, el artículo 195 de la ley concursal dispone que la formación del concurso suspende el curso de los intereses con relación a todos los créditos de causa o título anterior. Sin embargo, no se suspende el curso de los intereses de una deuda con garantía real ni el de los créditos laborales correspondientes al pago de salarios y toda indemnización derivada de la relación laboral.

Régimen de notificaciones

El artículo 276 de la LCQ prevé que la sentencia de apertura del concurso debe publicarse por edictos. La resolución de apertura, del concurso preventivo se hace conocer mediante edictos que deben publicarse durante CINCO (5) días en el diario de publicaciones legales de la jurisdicción del juzgado, y en otro diario de amplia circulación en el lugar del domicilio del deudor, que el juez designe.
Los edictos deben contener los datos referentes a la identificación del deudor y de los socios ilimitadamente responsables; los del juicio y su radicación; el nombre y domicilio del síndico, la intimación a los acreedores para que formulen sus pedidos de verificación y el plazo y domicilio para hacerlo. Esta publicación está a cargo del deudor y debe realizarse dentro de los CINCO (5) días de haberse notificado la resolución.

Si bien la sentencia de apertura de concurso se notifica automáticamente al concursado (art. 26), a partir de ese momento comienza a computarse el plazo para que el deudor cumpla con la publicación de edictos, teniendo en cuenta que su incumplimiento provoca el desistimiento como. Ante la publicación, se presume el conocimiento erga omnes (de todos) de la sentencia.

Además de esta publicación edictal, el sistema de publicidad se perfecciona a través de otro instituto, previsto en el artículo 29 de la LCQ (carta a los acreedores). De este modo, la ley le impone al síndico el deber de enviar una carta certificada a los acreedores en los domicilios denunciados por el deudor en su presentación concursal, pues debe hacer saber los datos del concursado, la fecha de verificación tempestiva, el juzgado interviniente, otros datos que sean de interés; y los miembros del comité de control.

Desistimiento

En nuestra ley concursal, es posible encontrar dos variantes del instituto llamado desistimiento. Veamos cuáles son.

Legal o impuesto: Es aquel que se produce a modo de sanción ante el incumplimiento de ciertas cargas. Está contemplado en el artículo 30 de la LCQ. Los casos son:
a) Artículo 14, inciso 5: no poner a disposición del tribunal los libros referidos a la situación económica a los fines de colocar una nota datada y cerrar espacios en blanco.

b) Artículo 14, inciso 8: no acompañar en el plazo de tres días el dinero correspondiente a las cartas certificadas.
c) No cumplir el deudor con la publicación edictal de la sentencia de apertura del concurso7.

Desistimiento voluntario: Está regulado en el artículo 31 de la LCQ.
a) Desistimiento hasta la primera publicación de edicto: opera por la sola manifestación del deudor, expresada por escrito ante el juez concursal sin requerir la conformidad de los acreedores.
b) Desistimiento posterior a la publicación de edictos hasta el día indicado para el comienzo del período de exclusividad: necesita la conformidad de la mayoría de acreedores quirografarios que representen el 75 % del capital quirografario. El artículo 31, menciona que según la etapa en que se produzca el desistimiento, variará la base para el cómputo de las mayorías.

Por su parte, el último párrafo del artículo 318 de la LCQ dispone la inadmisibilidad de concurso preventivo
ulterior. Así, prevé que “rechazada, desistida o no ratificada una petición de concurso preventivo, las que se presenten dentro del año posterior no deben ser admitidas, si existen pedidos de quiebra pendientes”. Es decir, en los casos de falta de ratificación de la solicitud de concurso (exigida en los arts. 6 a 8 de la LCQ), desistimiento en cualquiera de sus variantes o rechazo de la apertura concursal, cualquier solicitud ulterior de concurso preventivo del mismo sujeto, formulada durante el año siguiente, debe ser desestimada si existieran pedidos de quiebra pendientes.

 

Trámite hasta el acuerdo

Categorización de acreedores: La categorización es la posibilidad que se le concede al concursado de agrupar y clasificar a los acreedores según distintas pautas objetivas, con el fin de ofrecer a cada una de ellas una propuesta de acuerdo de manera también diferenciada. Es una opción que se le concede al deudor; de lo contrario, si no categoriza, implica que ofrece la misma propuesta de acuerdo a todos los acreedores. 

  • Dentro de los 10 días de la resolución del concurso se presenta la categorización de acreedores (art. 41).
  • Realizada la categorización o no, dentro de los 20 días siguientes a la resolución de verificación y 30 días después de presentado el informe individual de los créditos, el síndico debe presentar un informe general (art. 39).
  • Presentado el informe general, la ley prevé que, dentro de los 10 días posteriores, puede observar dicho informe el deudor y quienes hayan solicitado su verificación.
  • Así, pasados esos diez días, el juez dicta una resolución y fija definitivamente las categorías y los acreedores que quedan comprendidos en cada una de ellas (art. 42).
  • Si el deudor no ha hecho uso de esta prerrogativa, se certifica en el expediente tal situación y este deberá ofrecer la misma propuesta a todos los acreedores

Período de exclusividad: El período de exclusividad es la etapa central del concurso preventivo en orden a la negociación del deudor
con los acreedores concurrentes. Su nombre se deriva de que en esta etapa solo el deudor (a diferencia del salvataje) es quien puede negociar para obtener un acuerdo preventivo. El período de tiempo que establece la ley en el artículo 43 es de 90 días, prorrogable por 30 días más, cuando las circunstancias del caso así lo aconsejen.

Propuestas de acuerdo: La propuesta de acuerdo consiste en que el acreedor tratará de “arreglar” el pasivo para así superar el estado de cesación de pagos en que se encuentra. Como se advierte en el artículo 43, las alternativas que tiene el deudor son muy amplias y son meramente enunciativas, e incluso se admiten otras. La propuesta
debe presentarse por escrito en el expediente con una anticipación de 20 días al vencimiento del período de exclusividad y las propuestas deben respetar la igualdad de trato. La violación a la obligación de hacer pública la propuesta se sanciona drásticamente con la quiebra.

Mayorías para la obtención del acuerdo. Conformidades

En general, las conformidades deben ser presentadas en el expediente hasta el día del vencimiento del período de exclusividad. Cada una de ellas debe ser ofrecida por escrito y debe contener el texto de la propuesta a la que adhiere el acreedor.

¿Qué mayoría se requiere para acordar con los acreedores quirografarios? 

A) La mayoría absoluta de los acreedores dentro de todas y cada una de las categorías, es decir, la mitad más uno de los acreedores.
B) Las dos terceras partes del capital computable dentro de cada categoría.

Acuerdo para privilegiados

El deudor puede formular una propuesta para los acreedores con privilegio general y otra para quienes tienen privilegio especial. Ahora bien, en orden a las mayorías previstas, si se trata de los primeros, se requiere la misma mayoría que se vio para los acreedores quirografarios; mientras que, para los segundos, se necesita la unanimidad para que el acuerdo sea conformado.

  • PRIVILEGIOS GENERALES (MITAD MÁS UNO)
  • PRIVILEGIOS ESPECIALES (UNANIMIDAD)

Impugnación del acuerdo

  • Presentadas las conformidades de los acreedores, se dicta una resolución dentro de los 3 días hábiles judiciales, la que hará saber de la existencia de acuerdo (art. 49).
  • Si no se adjuntaron las conformidades, el juez debe declarar la quiebra del concursado (salvo los casos del art. 48) o que la situación quede inmersa en la hipótesis del artículo 52, inc 2b.
  • Dentro de los 5 días de dictada dicha resolución, los acreedores que votaron el acuerdo y aquellos que hubieren deducido
    incidente, sea por no haberse presentado en término o bien por no haber sido admitidos sus créditos quirografarios, pueden impugnar el acuerdo por las causales detalladas en el artículo 50 de la LCQ.

Homologación

La homologación supone el dictado de una sentencia judicial que da imperio al acuerdo preventivo, lo que implica que será obligatorio para todos los acreedores del concurso comprendidos en él (de causa o título anterior a la presentación), incluso para aquellos que no dieron su conformidad a la propuesta hecha por el concursado; asimismo, se impondrá no solo a quienes participaron en la negociación, sino también a quienes ingresaron mediante verificación tardía.

Puede que la propuesta fue abusiva, en términos del artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación (cuando hay un desvío de la finalidad que justifica la existencia de un derecho), es decir cuando se contraríen los fines que se tuvo en mira al reconocerlos o cuando se exceden los límites impuestos por la buena fe, la moral o las buenas costumbres. Ante esto, tampoco podrá homologarse el acuerdo.

  1. En el supuesto de que se realice una única propuesta, la mayoría deberá obtenerse en relación con todos los acreedores quirografarios.
  2. Por otro lado, si categorizó, puede suceder:
  • A) que se hayan obtenido las conformidades legales, con lo que el juez homologará el acuerdo preventivo;
  • B) que no se hayan logrado dichas mayorías y, en dicha cuestión, el juez tendrá dos opciones: declarar la quiebra u homologar el acuerdo igualmente, si se dan los requisitos previstos en el artículo 52, inC 2 b, que es lo que se conoce como cramdown power.

Artículo 52: Homologación.

No deducidas impugnaciones en término, o al rechazar las interpuestas, el juez debe pronunciarse sobre la homologación del acuerdo. 

a) que se haya categorizado y no se hayan logrado las mayorías requeridas en todas las categorías, pero se haya aprobado por al menos una de las categorías de acreedores quirografarios;
b) la conformidad de por lo menos las tres cuartas partes del capital quirografario;
c) no discriminación en contra de la categoría o categorías disidentes;
d) que el pago resultante del acuerdo impuesto no suponga un dividendo menor que el que recibirían en la quiebra los acreedores disidentes;
e) que el acuerdo no sea impuesto a los acreedores con privilegio especial.

Otra posibilidad que hace factible la homologación del acuerdo preventivo es lo que se ha dado en llamar La tercera vía”.

  • ¿EN QUÉ CONSISTE LA “TERCERA VÍA”? La “tercera vía” consiste en otorgarle la oportunidad al concursado de adecuar la propuesta de acuerdo a efectos de superar los obstáculos que impidieron su homologación, evitando así el fracaso del concurso preventivo y permitiendo la continuidad del deudor a cargo de la empresa.

Efectos del acuerdo homologado

  • El principal efecto es que se produce la novación de todas las obligaciones de causa o título anterior al concurso, (es decir que se extingue la obligación original y se transforma en otra nueva que nace como consecuencia del acuerdo homologado), el acuerdo homologado es la causa fuente de la nueva obligación, como lo prevé el artículo 55.
  • Tal novación no causa la extinción de las obligaciones de los acreedores respecto del fiador ni de los codeudores solidarios, (Los efectos de la novación que produce la homologación del acuerdo preventivo de la sociedad concursada no causa la extinción de las obligaciones del fiador ni de los codeudores solidarios), quienes pueden reclamar el total de la deuda garantizada. En sentido concordante, el segundo párrafo del artículo 1597 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que la fianza no se extingue por la novación producida por el acuerdo preventivo homologado del deudor.
  • Es irreversible el efecto novatorio de las obligaciones alcanzadas por el acuerdo, por lo que, en caso de incumplimiento del acuerdo y posterior quiebra, el acreedor va a cobrar su dividendo concursal conforme la nueva obligación que surge del acuerdo homologado. También es importante puntualizar que este produce efectos, respecto de todos los acreedores quirografarios, aunque no hayan participado en el procedimiento. Es decir, el acuerdo se impone a todos los acreedores anteriores a la presentación concursal, incluso a los acreedores tardíos (art. 56 de la LCQ).

Conclusión del concurso

El artículo 59 de la Ley de Concursos y Quiebras impone el dictado de una resolución luego de que se haya dictado la homologación: La sentencia de conclusión del concurso. Sin embargo, los efectos sustanciales y procesales del concurso no concluyen, sino que el concurso prosigue, por lo que deben tomarse las medidas tendientes a asegurar el cumplimiento del acuerdo, para lo que se dispone mantener la inhibición
general de bienes por el plazo de este. Una vez que el concursado haya cumplimentado todas las prestaciones concordatarias, se dictará el definitivo del acuerdo y finalizará el concurso preventivo. A partir
de esta sentencia, se inicia un período de inhibición de un año, durante el cual el deudor no puede volver a presentarse en concurso preventivo ni solicitar la conversión de la quiebra.

 

Nulidad del acuerdo

El acuerdo puede ser declarado nulo cuando es pedido por cualquier acreedor. Esto debe solicitarse dentro de los 6 meses de homologado el acuerdo, previsto como un plazo de caducidad. Las causales son:

  • Dolo para exagerar el pasivo;
  • Reconocer o aparentar privilegios inexistentes o constituidos ilícitamente.
  • Ocultar o exagerar el activo. En ese caso, si se prueba lo manifestado por el acreedor, podría ser anulado.

Declarada la nulidad del acuerdo, se producen ciertos efectos:

  • Se libera al fiador que garantizó el acuerdo.
  • Se deja sin efecto la novación de los créditos. Lo percibido por los acreedores en virtud del acuerdo no se debe restituir y tienen derecho a cobrar en la quiebra lo no percibido.
  • Son nulas las medidas adoptadas en el acuerdo.
  • Se recuperan los privilegios renunciados.
  • Se abre un nuevo período informativo o de verificación (arts. 200 a 202).
  • Los acreedores cuyos créditos fueron exagerados quedan excluidos.

“Respecto del procedimiento, de acuerdo al artículo 280 y s.s, la sentencia que declara la nulidad del acuerdo debe declarar la quiebra del concursado. La resolución es apelable, pero no suspende su desapoderamiento”

 

Incumplimiento

De acuerdo con el artículo 63 de la LCQ, el acreedor que no pudo obtener la satisfacción de la obligación comprendida en el acuerdo puede solicitar la declaración de quiebra de su deudor. Antes de declararse esto, se da vista al deudor, quien por lo general intenta satisfacer la obligación acordada. En este caso, es una praxis habitual que no se declare la quiebra, pero que se exija al deudor que abone los intereses moratorios. Esta denuncia no tramita por vía incidental, sino en el mismo expediente principal. En caso de prosperar el pedido, se declarará la quiebra y la resolución será apelable, pero no suspende su desapoderamiento.

 

Régimen aplicable para los pequeños concursos

Sólo 2 artículos regulan este punto. Así, la última reforma sancionada con fuerza de ley (Ley N.° 27170) prevé en el artículo 288 que se considerará pequeño concurso cuando: 

1. El pasivo denunciado no alcance el equivalente a trescientos (300) salarios mínimos vitales y móviles. 

2. “El proceso no presente más de veinte (20) acreedores quirografarios”.

3. “El deudor no posea más de veinte (20) trabajadores en relación de dependencia sin necesidad de declaración judicial”.

Así, cuando se verifique cualquiera de las circunstancias mencionadas en el artículo 288, el concurso será pequeño. La decisión judicial de encuadramiento corresponde al juez concursal, en oportunidad de la
apertura del proceso, sea preventivo (art. 14) o liquidativo (art. 88).

¿Qué diferencias existen entre el gran concurso preventivo y el pequeño concurso? ARTÍCULO 289. Régimen aplicable. En los presentes procesos no serán necesarios los dictámenes previstos en el artículo 11, incisos 3 y 5, la constitución de los comités de acreedores y no regirá el régimen de supuestos especiales previstos en el artículo 48 de la presente ley. El controlador del cumplimiento del acuerdo estará a cargo del síndico en caso de no haberse constituido comité de acreedores. Los honorarios por su labor en esta etapa serán del 1% (uno por ciento) de lo pagado a los acreedores.

 

FUENTES: 

  • Ley N.° 24522 (1995). Ley de Concursos y Quiebras. Honorable Congreso de la Nación Argentina.
  • Ley N.° 26994 (2014). Código Civil y Comercial de la Nación. Honorable Congreso de la Nación.
  • Ley N.° 27170. (2015). Ley de Concursos y Quiebras [Modifica la Ley N.° 24522]. Honorable Congreso de la
    Nación Argentina.

 

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